San Sebastián acogerá el 6 de octubre el juicio por la muerte bajo torturas de Txomin Letamendi

El próximo 6 de octubre, un juzgado de San Sebastián acogerá un proceso histórico de "jurisdicción voluntaria" impulsado por el Observatorio Vasco de Derechos Humanos (GEBehatokia) y la familia de Txomin Letamendi Murua. El objetivo de esta comparecencia inédita es que la Justicia certifique oficialmente, 76 años después, que el gudari y militante de EAJ-PNV murió a consecuencia de las torturas sufridas bajo custodia de la policía franquista. 

Al tratarse de una vía de jurisdicción voluntaria, el proceso no busca la persecución penal de los perpetradores —ya fallecidos—, sino obtener una "ratificación y certificación judicial" definitiva de unos hechos que, aunque no generan controversia "ni nadie pone en duda, requieren el aval de un tribunal.

Tal como señala el observatorio, el caso de Letamendi es "paradigmático" de lo que supuso el fenómeno de la tortura y la prisión durante las siguientes siete décadas en el Estado español. Este resistente al régimen de Franco fue sometido a severos interrogatorios y torturas en San Sebastián y Barcelona antes de afrontar un Consejo de Guerra que lo condenó a cinco años de cárcel por un delito de conspiración para la insurrección. 

El extremo deterioro físico y psíquico provocado por los castigos físicos y su posterior encarcelamiento en la prisión de Guadalajara terminaron provocando su muerte el 20 de diciembre de 1950 en Madrid.

Reconocimiento y amparo legal

El procedimiento se ampara en la Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, norma que regula este derecho a la verdad y la reparación. Cabe destacar que la condición de víctima de Letamendi ya está plenamente reconocida por las instituciones; el propio lehendakari participó el pasado 22 de diciembre en el acto oficial de reconocimiento celebrado en Bilbao. 

Sin embargo, la sesión del próximo 6 de octubre busca dar un paso definitivo para que sea la propia Justicia quien ratifique y valide legalmente los hechos.

Antes de recurrir a esta vía, GEBehatokia presentó una querella penal amparada en la Ley de Memoria Democrática, que declara estos crímenes como "imprescriptibles e inamnistiables". El Juzgado de Instrucción nº 5 de Donostia admitió a trámite la causa e investigó los hechos sin escudarse en la Ley de Amnistía de 1977. Según valoró en su momento el propio observatorio, esta decisión judicial supuso abrir una "grieta en el búnker negacionista" de la justicia española.

Sin embargo, la vía penal se archivó al constatarse el fallecimiento de los policías franquistas implicados, Fernando Escudero y José Nogués Recio, lo que extinguió su responsabilidad criminal. Pese al archivo, el colectivo destaca que el auto demostró que sí es posible investigar legalmente estos crímenes, sentando un precedente clave para perseguir a los autores de delitos de lesa humanidad que continúen vivos.

El caso de Letamendi también estuvo marcado por las trabas institucionales. El Archivo Histórico del Ministerio del Interior remitió inicialmente su expediente con tachaduras y censura; una situación que, según señala el observatorio, solo se revirtió tras la intervención de amparo del lehendakari y de parlamentarios vascos en Madrid para forzar el envío de una copia completa.

Para GEBehatokia, este bloqueo es un reflejo de la impunidad en el Estado, donde los juzgados "hacen oídos sordos" a la Ley de Memoria Democrática y se pliegan a la Ley de Amnistía de 1977. De hecho, el observatorio señala que, de 155 querellas presentadas en España, solo siete han sido admitidas (dos de ellas impulsadas por el propio colectivo). 

Esta inacción judicial ha provocado duras amonestaciones de la ONU en 2025 y 2026, advirtiendo al Gobierno español de que incumple sus obligaciones internacionales al archivar sistemáticamente los crímenes de la dictadura.