El no de Junts a los decretos de vivienda abre el escenario de un posible adelanto electoral

El rechazo de Junts a los dos decretos de vivienda ha abierto en el Gobierno español un escenario de adelanto electoral. Según adelanta elDiario.es, Pedro Sánchez baraja convocar las elecciones generales el próximo 29 de noviembre y su equipo ya estaría trabajando en esa posibilidad. Otros medios apuntan, además, a que varios ministros consideran que la legislatura está agotada y piden al presidente que convoque elecciones.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reconocido que anoche fue "bastante decepcionante" que Junts anunciara que votaba en contra de unos decretos que, ha dicho, fueron negociados con el partido que lidera Carles Puigdemont.

Al ser preguntada si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está barajando la posibilidad de disolver las Cortes y convocar elecciones el 29 de noviembre, la portavoz del PSOE ha vuelto a remitirse a la votación de los dos decretos de vivienda en el Congreso.

"Los grupos parlamentarios todas las semanas están preguntando qué van a hacer por las familias vulnerables, qué van a hacer con la vivienda, qué van a hacer ustedes con los pisos de protección oficial, cómo van a solucionar el tema de la vivienda. Cada semana hay un goteo de preguntas sobre esto. Hoy es el día de la verdad", ha señalado.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que las fuerzas de izquierda están preparadas ante un adelanto electoral y ha recalcado que las próximas elecciones "serán un referéndum" sobre la vivienda.

En una entrevista en TVE, ha reconocido que el "run run" de un posible adelanto electoral "está por todas partes", pero que es una decisión que corresponde a Pedro Sánchez.

Junts ha anunciado que votará en contra de los dos decretos de vivienda que el Congreso debate este viernes, después de reclamar al Gobierno español que retire los textos y presente una nueva propuesta. La decisión compromete la convalidación de las medidas impulsadas por el Ejecutivo.

El Gobierno español ha mantenido los decretos pese a la petición de Junts. La formación catalana considera que las medidas incluidas en los textos pueden reducir la oferta de alquiler y aumentar los precios, mientras que el Ejecutivo defiende su aplicación como parte de sus políticas de vivienda.