El preacuerdo presupuestario de la CAV supone mover 200 millones en 2020 y 2021

El principio de acuerdo presupuestario entre el Gobierno Vasco y Elkarrekin Podemos permitirá a la formación morada decidir el destino de 200 millones de euros en dos años, ya que algunas de las partidas son créditos de compromiso para 2021.

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para presentar algunas de las iniciativas ya acordadas con el Gobierno, con un valor de 59 millones en los ámbitos de educación pública, igualdad, cambio climático y otras cuestiones como el arraigo de las empresas y la prevención de la ludopatía.

Martínez ha explicado que siguen negociándose más cuestiones relacionadas con la educación pública y especialmente sobre protección social, incluida una subida de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por encima del 2 % que anunció el Gobierno Vasco. Aunque no hay aún un acuerdo en este tema, las conversaciones "van por buen camino", ha dicho.

El portavoz morado ha desvelado además que no votarán a favor del proyecto presupuestario, sino que se abstendrán, y que este incluirá en su articulado "algún tipo de acuerdo político", como por ejemplo una mención a los precios del alquiler.

Este principio de acuerdo incluye el compromiso de la coalición de izquierdas de no presentar una enmienda de totalidad a las cuentas del Gobierno y de no apoyar las que puedan presentar el resto de grupos de la oposición. El preacuerdo no vincula a los dos parlamentarios de Ezker Anitza, formación que, aunque forma parte de Elkarrekin Podemos, se ha desmarcado de la negociación presupuestaria con el Ejecutivo.

Educación pública

Entre las propuestas de Elkarrekin Podemos que ya ha aceptado el Gobierno se encuentra incrementar en diez millones de euros la partida destinada a la educación pública, con el fin de mejorar las infraestructuras y el incremento de los recursos para centros con alta concentración de alumnos procedentes de familias con rentas bajas. Además, este grupo espera lograr del Ejecutivo un mayor compromiso a la hora de impulsar la gratuidad de la enseñanza superior.

El Gobierno Vasco también ha aceptado destinar diez millones de euros a un fondo de capital riesgo para "evitar la descapitalización de empresas viables" y para fomentar el "arraigo" de estas compañías en Euskadi, según ha explicado Martínez.

15 millones para medio ambiente

Asimismo, el principio de acuerdo entre ambas partes incluye un incremento de 15 millones de euros en las actuaciones destinadas a la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

A través de esta aportación, se financiarían medidas de apoyo a la adquisición de vehículos eléctrico, la promoción del autoconsumo eléctrico, así como planes de prevención de inundaciones y de apoyo a una transición energética "justa".

Otros tres millones de euros se destinarían al aumento de las actuaciones para el fomento de la igualdad, con actuaciones para ampliar la "corresponsabilidad" entre sexos en los cuidados de familiares y del hogar, la prevención de la violencia machista, o el apoyo a la empleabilidad de las mujeres en sectores "altamente masculinizados".

Empleo, 20 millones más

Martínez ha afirmado que el Gobierno también ha aceptado aumentar en 20 millones de euros la dotación para el fomento del empleo, una suma con la que se financiarán actuaciones como planes de empleo comarcales en zonas desfavorecidas o con altos índice de paro femenino, así como políticas para combatir la brecha salarial e impulsar el 'empleo verde' o la puesta en marcha de un programa 'lehen aukera' específico para autónomos.

Otro de los compromisos asumidos por el Ejecutivo es destinar 436.000 euros a un fondo de prevención y tratamiento de la ludopatía. En todo caso, Martínez ha precisado que su grupo espera que a estas medidas se les sumen nuevos compromisos del Gobierno en los próximos días, dado que en la negociación presupuestaria aún quedan pendientes de afrontar cuestiones relevantes.

Uno de los temas sobre los que aún no se ha llegado a un acuerdo es el incremento de la RGI, que el Gobierno prevé incrementar en un 2% el próximo año, mientras que E-Podemos reclamó inicialmente una subida del 8%. Martínez no ha precisado cuál es el incremento porcentual que estaría dispuesto a aceptar su grupo, aunque ha advertido de que aspira a lograr un aumento de la RGI "justo y notable".