Los acusados del vertedero de Zaldibar logran un acuerdo con la Fiscalía y las familias para evitar la cárcel

Los tres responsables del vertedero de Zaldibar han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y las familias de las víctimas, según ha adelantado Euskadi Irratia. Los tres acusados aceptarán una pena de seis meses de prisión por el homicidio imprudente de los dos trabajadores y por un delito contra la seguridad en el trabajo. Las partes se han puesto de acuerdo para que los responsables de la empresa no entren en prisión y han fijado la indemnización que la empresa pagará a las familias.

Según ha confirmado la empresa Verter Recycling, el acuerdo se materializó en julio, y tendrá que ser ratificado por el juzgado que lleva el caso. Los abogados de los acusados, la Fiscalía y la acusación particular se reunirán para firmar una sentencia de ratificación.

Los detalles de lo pactado se detallan en un informe que está en manos del  Juzgado de Instrucción Nº I de Durango. En este escrito, se da por evidenciado que los responsables de la empresa eran conscientes de los desperfectos que había en el vertedero, al menos dos días antes del derrumbe. Y es que, tras realizar un estudio topográfico, la empresa fue alertada sobre las grietas que había en la tierra y los profesionales que realizaron el estudio recomendaron parar la producción cuanto antes.

Según este mismo informe, la Fiscalía da por probado que, aun siendo conscientes de la gravedad de la situación, la empresa no hizo nada para evitar el derrumbe; no alertaron a la plantilla, no implementaron ningún dispositivo especial y no se paró la producción.  

Así pues, José Ignacio Barinaga (dueño de la empresa), Arrate Bilbao (gerente) y Juan Etxeberria (ingeniero jefe) han aceptado la versión de la Fiscalía, asumiendo la condena de seis meses de cárcel. Asimismo, todas las partes han aceptado que los responsables no vayan a la cárcel y que la empresa pague una indemnización a las familias de las víctimas.

Aunque el acuerdo supone un avance en el proceso judicial, todavía hay un segundo proceso abierto contra los responsables de Verter por el derrumbe del vertedero en febrero del 2020, por delitos medioambientales.

Por su parte, la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria y Zaldibar Argitu, que conforman la acusación popular, han asegurado que "depurarán todas las responsabilidades, también las políticas".