Consumo prohibirá la publicidad dirigida a menores de chocolates, pasteles, dulces, helados o zumos

El ministro de Consumo del Gobierno de España, Alberto Garzón, ha anunciado este jueves que su cartera regulará, a través de un real decreto, la emisión de publicidad de alimentos y bebidas "no saludables" dirigida a público infantil y adolescente. La normativa afectará a todos los medios de comunicación, incluidas las redes sociales.

La ley, que se aprobará ya en 2022, se aplicará sobre cinco categorías de productos independientemente del contenido de nutrientes. La primera categoría es la de productos de confitería de chocolate y azúcar, barritas energéticas y coberturas dulces y postres. Le sigue el grupo de alimentos que incluye pasteles, galletas dulces y demás productos de pastelería, y tampoco se podrán anunciar otras tres categorías que incluyen los zumos, las bebidas energéticas y los helados.

Para el resto de categorías de productos, se establece un límite de contenido en nutrientes por cada 100 gramos. En este caso, se podrán anunciar siempre y cuando las grasas totales y saturadas, el azúcar total y añadido y los niveles de sal se mantengan por debajo de los límites establecidos cada producto.

A partir de estas premisas, las empresas podrán tener su propia autorregulación siempre y cuando supongan un marco de protección superior al de la propia norma.

Según Garzón, el sistema de autorregulación que lleva vigente desde 2005 se ha mostrado "insuficiente", tal y como muestran los datos de sobrepeso y obesidad que afectan a los niños y niñas y de los que la publicidad es una de las causas. 

En una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Barcelona junto a la alcaldesa, Ada Colau, Garzón ha recordado que las cifras son alarmantes y preocupantes. El exceso de sobrepeso en el Estado español es del 23,3 % y la obesidad del 17,3 %. La suma supera el 40 % para los niños y niñas de entre 6 y 9 años. Asimismo, ha añadido que estas cifras son el doble entre las familias más humildes que entre las más adineradas, según el informe Aladino.

Garzón ha dicho que este marco regulatorio, que no será necesario que pase por el Congreso y entraría en vigor cuando pase el trámite del Consejo de Ministros, es similar al de países como Reino Unido, Portugal y Noruega, y ha explicado que, a partir de estas premisas, las empresas podrán tener su propia autoregulación siempre que supongan una protección superior a la norma.