Detienen a dos personas en Bizkaia por un fraude a la Seguridad Social de más de un millón de euros

La Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social de más de un millón de euros en Bizkaia. Hay dos personas detenidas y dos investigadas por tres presuntos delitos contra la Seguridad Social y tres de frustración en la ejecución.

En una de las tramas operaba un empresario del sector de la generación energética renovable, que acumulaba deudas con la Seguridad Social y evitaba el pago interponiendo empresas y personas para obstaculizar la acción recaudatoria, según ha informado la Dirección General de la Policía en un comunicado.

Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas.

Los agentes pudieron determinar la participación delictiva de diez personas (algunos de ellos actualmente en el extranjero), siendo principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, trabajadores que figuraban en connivencia, siéndoles imputados los delitos contra la seguridad social y frustración de la ejecución.

La investigación llevada a cabo sobre nueve empresas relacionadas con proyectos de energía renovable ha puesto de manifiesto que todas eran dirigidas y gestionadas por un mismo administrador, que mantiene de alta mayoritariamente a ingenieros, con los que ha estado buscando financiación o inversores para desarrollar los proyectos.

La mayor parte de estos trabajadores nunca cobraron su salario, aun permaneciendo en la empresa por periodos prolongados de tiempo, por lo que tuvieron que acudir al FOGASA, pero siempre con la promesa del administrador de que pagaría sus sueldos.

Algunos trabajadores manifestaron que el gestor estaba llevando a cabo maniobras de ocultación del patrimonio para evitar el pago de las deudas, y lo estaría haciendo a través de cuentas bancarias a nombre de terceras personas o enmascarando el destino del dinero a las sociedades deudoras, declarando prestación de servicios ficticios por parte de otras empresas del grupo.

Según la Dirección General de la Policía, "no existe ni inversión ni plan de negocio, por lo que los impagos no pueden corresponderse con una crisis sobrevenida o transitoria de los negocios, sino con un modelo de negocio premeditado que se apoya en el impago de los seguros sociales de sus trabajadores".