Bruselas apuesta por flexibilidad en CO2 y medidas proteccionistas para ayudar al motor europeo

La Comisión Europea ha presentado una serie de medidas de corte proteccionista para apoyar la industria automotriz europea frente a la competencia de China y Estados Unidos. Entre las propuestas destaca la flexibilización en la reducción obligatoria de CO2 y la promoción de la innovación y fabricación de vehículos con tecnología europea. El plan busca asegurar que la transición hacia las cero emisiones en 2035 no perjudique a la industria local, que representa el 7 % del PIB de la UE.

"Nuestro objetivo es claro: garantizar que la próxima generación de vehículos no solo se fabrique en Europa, sino que también se innove en Europa, esté impulsada por tecnología europea y se base en valores europeos", dijo en rueda de prensa el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, al presentar el "Plan de Acción Industrial para el sector europeo del automóvil".

El diagnóstico de Bruselas advierte que las empresas europeas corren el riesgo de quedarse atrás en áreas clave como baterías, software y conducción autónoma, mientras que competidores como China y EE. UU. reciben apoyo estatal. Para contrarrestarlo, la Comisión plantea fortalecer la producción local mediante incentivos y restricciones a la inversión extranjera, exigiendo la creación de empresas conjuntas y la transferencia de tecnología.

Para reducir la dependencia de China, la UE promoverá acuerdos con países ricos en minerales estratégicos, como la República Democrática del Congo y Chile, y aumentará la inversión en minería y refinado dentro del bloque. Además, se estudian requisitos para que los vehículos vendidos en la UE contengan un alto porcentaje de componentes fabricados en Europa.

Bruselas también endurecerá su postura frente a China. Tras imponer aranceles de hasta el 35,3 % a los coches eléctricos chinos en 2023, la Comisión investigará nuevas formas de competencia desleal, como el uso de acuerdos comerciales preferenciales para clasificar productos extranjeros como europeos.

En cuanto a las ayudas al sector, se destinarán 3000 millones de euros a la producción de baterías en la UE, con 1800 millones adicionales en los próximos dos años. También se invertirán 1000 millones en software para vehículos autónomos y 570 millones en infraestructuras de recarga. Para incentivar la demanda de eléctricos, se estudian programas de incentivos a nivel de la UE y nuevas normas para fomentar su compra en flotas empresariales.

Uno de los puntos más relevantes es la propuesta de flexibilizar los objetivos de reducción de CO2. La nueva normativa permitiría a los fabricantes evitar sanciones si no cumplen con el recorte del 15 % en 2025, siempre que compensen el exceso hasta 2027. Además, Bruselas reforzará la formación laboral con 90 millones de euros y fomentará la colaboración entre empresas para desarrollar estándares y software europeo.