El Gobierno aprueba la OPA de BBVA por Sabadell, pero deberán operar como entidades separadas durante tres años
Carlos Cuerpo ha anunciado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo da luz verde a la operación con determinadas condiciones. Así, ambas entidades deberán mantener personalidad jurídica y patrimonio separados, y autonomía en la gestión de la actividad, durante tres años. El BBVA tiene que decidir si sigue con la opa, si tira la toalla o si recurre el TS.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la operación de concentración entre el BBVA y el Sabadell, con la condición de que durante los próximos tres años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, y autonomía en la gestión de la actividad.
Ahora, el BBVA tendrá que decidir si sigue adelante con su plan y traslada su oferta a los accionistas del banco catalán. En su mano sigue teniendo la opción de tirar la toalla y renunciar a la opa o incluso de recurrir la decisión del Consejo de Ministros ante el Tribunal Supremo, al que podría pedir cautelarmente que deje en el aire la condición impuesta por el Gobierno.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo ha anunciado la decisión del Gobierno sobre la OPA que el BBVA presentó hace 13 meses y después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinará sus condiciones. Ha asegurado que con ello el Ejecutivo protege criterios de interés general "en línea con nuestro marco normativo y ordenamiento jurídico".
El Consejo de Ministros podrá ampliar de tres a cinco años la condición impuesta a BBVA y Sabadell para que se mantengan como entidades jurídicas separadas si finalmente triunfa la opa lanzada por el banco que preside Carlos Torres.
"A los tres años, se evaluará la eficacia de esta condición y el Consejo de Ministros determinará si se amplía su duración durante dos años más", precisa el Gobierno en una nota de prensa.
La fusión de ambas entidades ya se planteó en el 2020, pero, finalmente, no acabó de materializarse. El Gobierno llevaba deliberando casi un mes sobre esta operación, después de que el Ministerio de Economía decidiera elevar el caso al Consejo de Ministros al percibir posibles impactos en el interés general.
El departamento que dirige Carlos Cuerpo había percibido un potencial impacto en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social.
Esta decisión se produce después de que la Comisión Nacional del los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobara la OPA con condiciones y tras recibir la no oposición por parte del Banco Central Europeo.
Tras conocer la decisión del Gobierno, la Comisión Europea ha recordado que cualquier condición impuesta por un Gobierno para aprobar una transacción debería ser "excepcional, proporcionada y justificada por razones de interés público válidas".
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado la noticia porque garantiza la "competencia equilibrada" y los "derechos de los trabajadores, de clientes y de empresas".
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