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Alquiler Seguro recurrirá ante los tribunales la multa de 3,6 millones que le ha puesto Consumo por prácticas abusivas

El Ministerio que lidera Pablo Bustinduy considera que la inmobiliaria ha cometido seis infracciones muy graves y una grave al vulnerar los derechos de los consumidores y “aprovechar su posición de predominio de mercado”.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, comparece ante los medios, en la sede del Ministerio, a 8 de abril de 2026, en Madrid (España). El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ratificado la multa de 3,6 millones de euros que impuso a Alquiler Seguro por prácticas "abusivas" contra sus inquilinos tras resolver el recurso de alzada interpuesto por la inmobiliaria.



Eduardo Parra / Europa Press

08/4/2026
El ministro Pablo Bustinduy en rueda de prensa. Foto: Europa Press.

La empresa inmobiliaria Alquiler Seguro ha informado que recurrirá ante los tribunales la sanción de 3,6 millones de euros que ha confirmado este miércoles el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por "prácticas abusivas contra sus inquilinos".

La empresa considera que la resolución del Ministerio es “injusta y arbitraria” y ha avanzado que pondrá un recurso contencioso administrativo. Defiende que todos los servicios que presta son legales y que así lo han ratificado cuatro sentencias judiciales hasta el momento.

El Ministerio ha dado a conocer este miércoles una resolución, firmada por el propio ministro Pablo Bustinduy, que convierte en firme la multa propuesta en 2025 y que ratifica las conclusiones del expediente sancionador que abrió la Dirección General de Consumo a raíz de varias denuncias interpuestas por Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU.

En la misma se sostiene que la inmobiliaria incurrió en seis infracciones muy graves y una grave al vulnerar derechos de los consumidores y “aprovechar su posición de predominio del mercado”.

Se sancionan conductas como la imposición al arrendatario de costes que corresponden al propietario, imponer el servicio de atención al inquilino, la contratación obligatoria de un seguro de hogar o imponer cargos por reclamaciones cuando no eran imputables al inquilino.

La resolución también penaliza la inclusión de cláusulas en los contratos que permitían incorporar al arrendatario a ficheros de morosos sin deudas exigibles y la limitación del derecho de desistimiento en algunos contratos.

La multa asciende a 3,6 millones de euros y se desglosa en varias cantidades en función de la infracción. Asimismo, la resolución obliga a la empresa a rectificar los incumplimientos y eliminar las cláusulas abusivas.

El Ministerio ha informado que continúa en marcha la investigación de otro expediente que se abrió a una segunda inmobiliaria por hechos similares.

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