La Fiscalía investiga a CAF por su participación en el tren que conecta asentamientos israelíes en Jerusalén

La Fiscalía española investiga una denuncia contra la empresa ferroviaria vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) por su implicación en la construcción y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén, que conecta asentamientos israelíes en territorio ocupado.

Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, la denuncia fue presentada el pasado 18 de febrero ante la Unidad de Derechos Humanos por seis entidades, entre ellas NOVACT y la Comunitat Palestina de Catalunya. Tras analizarla, el Ministerio Público decidió incorporarla a las diligencias de investigación preprocesales abiertas el pasado año en la Audiencia Nacional sobre presuntas violaciones del derecho internacional en Gaza.

La denuncia acusa a directivos de CAF de participar en posibles crímenes de guerra. En concreto, señala al Consejo de Administración y a responsables de varias filiales por su presunta contribución al traslado de población al territorio ocupado y al mantenimiento de prácticas de segregación.

Además, las organizaciones sostienen que la actividad de la empresa podría vulnerar la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, que prohíbe a la potencia ocupante trasladar a su propia población al territorio ocupado.

El proyecto ferroviario conecta y refuerza asentamientos en Jerusalén Este ocupado, según la denuncia. CAF participa desde 2019 en la ampliación de la Línea Roja y en la construcción de la Línea Verde del tranvía, ambas con recorridos de unos 22 kilómetros. Las entidades denunciantes aseguran que la mayor parte del trazado da servicio a asentamientos israelíes, mientras que los barrios palestinos cuentan con una presencia minoritaria de estaciones.

La compañía también suministra trenes, sistemas de señalización, energía y comunicaciones, y participa en la operación y mantenimiento de las líneas a través de una empresa conjunta con la firma israelí Shapir.

Las organizaciones denunciantes consideran que, aunque los hechos se produzcan fuera del Estado, CAF está sujeta a la jurisdicción española, ya que su sede y sus decisiones estratégicas se encuentran en España.

El consorcio formado por CAF y la empresa israelí Shapir fue adjudicatario en 2019 del contrato para el desarrollo del proyecto ferroviario, una decisión que desde entonces ha generado críticas de organizaciones sociales, representantes políticos y organismos internacionales.

La posición del Gobierno Vasco y la Diputación

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha asegurado que van a "seguir de cerca" el recorrido que pueda tener la denuncia contra CAF por su participación en la construcción del tren ligero de Jerusalén. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco, Ubarretxena ha mostrado su “respeto absoluto” al proceso

Por otro lado, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha asegurado este martes que "la responsabilidad de lo que ocurre en Gaza es de Netanyahu", por lo que ha pedido "no buscar en casa enemigos que están fuera".

"La responsabilidad de lo que está sucediendo en Gaza es de (Benjamín) Netanyahu, y de nadie más. La situación en Palestina no es responsabilidad de las instituciones públicas, ni de las empresas, ni las universidades", ha recalcado la diputada general.

LAB reclama a CAF que abandone el proyecto 

El sindicato LAB ha reclamado este martes a CAF que abandone el proyecto del Tren Ligero de Jerusalén, al entender que "el proyecto no respeta el derecho internacional".

En su nota, el sindicato recuerda que se ha opuesto "desde el primer momento a la realización de este proyecto" ante el que "ha venido manifestando reiteradamente" su posición contraria.

LAB ha explicado que la citada infraestructura ferroviaria "se utilizará para conectar asentamientos israelíes que están construidos ilegalmente en suelo palestino" y advierte de que, "en la medida en que la propia ONU considera ilegal la ocupación de tierras en Jerusalén Este, el propio proyecto es ilegal en términos de derecho internacional".