Sindicatos y Gobierno Vasco chocan por la falta de claridad sobre el futuro de Tubos Reunidos
Los sindicatos LAB y ESK han criticado con dureza la última reunión mantenida este jueves entre el comité de empresa de Tubos Reunidos, el Departamento de Industria del Gobierno Vasco y otras instituciones para abordar la situación de la compañía, tras el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la compañía, que afecta a 242 trabajadores.
Tanto LAB como ESK han coincidido en calificar el encuentro como “decepcionante” e “infructuoso”. Ambas partes han denunciado que, pese a las preguntas directas planteadas sobre cuestiones clave como la deuda, posibles inversores o el futuro industrial, las instituciones han ofrecido explicaciones genéricas y han evitado concretar medidas. Así, han lamentado que el encuentro ha estado marcado por la “falta de respuestas concretas, la escasa transparencia y la ausencia de compromisos claros”.
En este sentido, los sindicatos han lamentado que, tras semanas de espera, la reunión no haya servido para despejar las “incertidumbres de la plantilla” ni para conocer las “verdaderas intenciones de la empresa o de las administraciones implicadas”.
Desde el Gobierno Vasco se ha insistido en que el principal problema de Tubos Reunidos es su elevada deuda, que asciende a 263 millones de euros, con la SEPI como principal acreedor. Según Andoitz Korta, viceconsejero de Promoción Industrial, esta situación hace inviable atraer nuevos inversores si no se produce antes una reducción significativa de esa carga financiera.
Todas las partes coinciden en que el futuro de Tubos Reunidos pasa por atraer nuevos socios industriales. Sin embargo, el propio Gobierno Vasco admite que ningún inversor entrará mientras la deuda siga siendo desproporcionada respecto al valor de la compañía.
El Ejecutivo autonómico considera insuficiente la refinanciación planteada por la SEPI, que se limita a flexibilizar plazos e intereses, y reconoce que aún no se ha encontrado una fórmula legal que permita una quita de la deuda.
Los sindicatos han reiterado que el ERE no soluciona los problemas estructurales de la empresa, que atribuyen a una mala gestión prolongada. A su juicio, centrar la solución en recortes de empleo no aborda el verdadero origen de la crisis: el endeudamiento.
Por ello, LAB y ESK han exigido un papel más activo del Gobierno Vasco, al que piden mayor firmeza en la defensa del empleo industrial y transparencia sobre las negociaciones en curso. En particular, reclaman que actúe como intermediario para lograr una reunión directa entre la SEPI y el comité de empresa.
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