La Audiencia Nacional abre juicio a BBVA, González y otras 14 personas por el caso Villarejo

Antonio Piña, juez de la Audiencia Nacional, ha abierto juicio oral al BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras 14 personas, entre antiguos directivos de la entidad bancaria y mandos policiales, por encargos presuntamente ilegales realizados al comisario de policía José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.

En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado recoge los escritos de acusación de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, y envía a juicio a BBVA por delitos de cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

En el caso de Francisco González, el instructor le envía a juicio por delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.

En su resolución, el magistrado fija una cantidad de 1,73 millones de euros para asegurar las responsabilidades civiles con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes en el caso de que no depositen esa fianza en el plazo de 3 días y señala a la Sala de lo Penal como el órgano encargado del enjuiciamiento de estos hechos.

De este modo, se sentarán en el banquillo, además de la antigua cúpula de la entidad, su exresponsable de Seguridad, el que fue comisario de policía Julio Corrochano, y otros mandos policiales vinculados a Villarejo.

También figuran entre los acusados el exconsejero delegado del banco Ángel Cano; el exdirector de los servicios jurídicos del banco Eduardo Arbizu; el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad Joaquín Gortari; y el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar.

En su escrito, el juez indica que, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, procede imponer a los acusados penas que ascienden a 173 años de cárcel para el expresidente de BBVA por delitos de cohecho activo y revelación de secretos en la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al excomisario.

Para Villarejo se piden 216 años de cárcel, y otros 243, la pena más alta, para el que fuera jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano.

Tal y como relataba la fiscalía Anticorrupción, las contrataciones expuestas entre BBVA y Cenyt, así como los pagos efectuados por los servicios prestados bajo tales encargos, fueron posibles "por haber sido autorizados directamente por el presidente de la entidad y por sus más altos directivos".

Todo ello en un contexto en el que el banco "carecía de un programa de prevención que contemplase la eventual comisión de ilícitos por parte de la presidencia".

Pese a que aquellas contrataciones y pagos "incumplían todas las normas internas de procedimiento relativas tanto a la formalización de servicios como a la tramitación y abono de facturas", los diversos empleados que participaron en su tramitación las aprobaron, añade el escrito.

Esto se debió a la "convicción firme y arraigada de que debían acatar las instrucciones procedentes de la presidencia o de los altos directivos con independencia de que dichas órdenes fueran o no conformes con la normativa interna aplicable".