Incineradora de Zubieta
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Una marcha pide la paralización de la incineradora de Zubieta

Los participantes han hecho un llamamiento a los responsables políticos y sociales para que no colaboren financieramente.
18:00 - 20:00
Decenas de personas participan en la marcha contra la incineradora

Cerca de 2.000 personas han participado en la marcha para pedir la paralización de la incineradora de Zubieta que consideran "absurda", "cara y "contaminante". Los participantes han dejado claro que no quieren una incineradora ni en Zubieta ni en ningún otro lugar.

Convocados por el Movimiento "Errausketaren kontrako Mugimenduak" (Movimiento contra la incineradora), integrado por plataformas "Zero Zabor" (Residuo Cero) y colectivos ecologistas, los participantes en la protesta han salido en columnas desde Andoain, Zizurkil, Hernani, Añorga, Lasarte-Oria, Usurbil y Zubieta hasta concurrir en los terrenos donde está prevista la incineradora.

La jornada, que cuenta con las adhesiones de Sortu, Ezker Anitza, Equo, Irabazai, Podemos Ahal Dugu Lasarte Oria y de los sindicatos LAB y ELA, entre otros, ha concluido con un acto central en el frontón de Zubieta donde Teresa López de Muniain y Estitxu Eizagirre han leído dos comunicados.

En ellos han incidido en que el objetivo de la protesta es "parar definitivamente" la incineradora, un proyecto que EH Bildu paralizó la pasada legislatura y que ha sido retomado por la actual equipo de gobierno de la Diputación de Gipuzkoa, integrado por PNV y PSE.

Han emplazado a los ayuntamientos y mancomunidades a "no colaborar ni financiar un proyecto que para los ciudadanos no representa más que un cáncer y una carga económica enorme" y han instado a poner en marcha alternativas "más adecuadas y baratas" que se "pueden implantar localmente y generan numerosos puestos de trabajo".

A su juicio la incineradora "no es necesaria", ya que, según ha señalado a EFE el portavoz de los convocantes Juan Miguel Galtas, "más del 90 % de los residuos son reciclables o compostables".

Asimismo ha afirmado que supone un gasto "cercano a los 300" millones de euros y es "perjudicial para la salud" y el medio ambiente, ya que produce una "ingente cantidad de gases invernadero" y "no evita los vertederos".

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