El juicio por la violación grupal de sanfermines quedará hoy visto para sentencia
El juicio que se sigue en la Audiencia de Navarra contra los cinco acusados de violación en grupo en los sanfermines del año pasado quedará este martes visto para sentencia.
La última sesión estará dedicada a las conclusiones de las defensas y a la última palabra de estos, si quieren hacer uso de ella. Al igual que la de ayer, la undécima sesión será abierta al público y a los medios de comunicación.
Según lo previsto, la sesión comenzará con el alegato del abogado Agustín Martínez Becerra, que defiende a tres de los cinco imputados, para continuar con Jesús Pérez, letrado de un guardia civil, y terminar con Manuel Canales, que tiene como cliente al militar. Todos ellos piden la libre absolución.
A su llegada al Palacio de Justicia, el mediático abogado Martínez Becerra ha dicho que va a "intentar poner de manifiesto cada una de las falsedades, cada una de las incorrecciones y cada una de las no verdades que se han vertido en este juicio". Según él, va a "acreditar sin ningún tipo de dudas" que sus defendidos son "inocentes".
Violación conjunta y coordinada, con una víctima "humillada" y "sometida"
Durante la sesión de ayer explicaron sus conclusiones la Fiscalía y las acusaciones particular y populares.
La fiscal Elena Sarasate dio por "acreditado" que los imputados actuaron de forma "conjunta y coordinada", sin el consentimiento de la víctima, que se vio "sometida" y "sin posibilidad" de resistirse.
Además, la fiscal defendió que "la declaración de la víctima cumple todos los requisitos para darle absoluta y totalmente credibilidad y, sin embargo, la de los acusados tiene contradicciones, no pequeñas, sino determinantes". "Ellos sí sabían a lo que iban y lo tenían claro", dijo.
De igual forma consideró probado que también concurrió un delito contra la intimidad por los vídeos que grabaron los acusados, y que todos ellos son culpables del robo del móvil de la joven, con el que la dejaron "indefensa".
Mantuvo así su petición de 22 años y 10 meses de cárcel para cada uno de los procesados, que la acusación particular elevó hasta 24 años y 9 meses y las populares, ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, hasta casi 26 años.
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