Piden siete años y medio de cárcel para el exdirector del yacimiento de Iruña-Veleia
La Diputación Foral de Araba y la Fiscalía han presentado ya sendos escritos de acusación en el caso Iruña-Veleia en el que piden penas de cárcel para los tres procesados y abogan por la apertura del juicio oral.
La Fiscalía ha pedido cinco años y medio de cárcel para el exdirector del yacimiento arqueológico alavés de Iruña-Veleia, Eliseo Gil, por delitos sobre el patrimonio histórico y estafa. La diputación, sin embargo, eleva esta petición hasta los siete años y medio de prisión.
El pasado enero, la Audiencia Provincial de Araba confirmó la existencia de indicios suficientes para juzgar a Gil y a dos personas más por la presunta falsificación de grafitos considerados históricos.
Los hallazgos que se cuestionan, localizados entre 2005 y 2006 bajo la gestión de la empresa Lurmen, de la que era administrador Gil, son unos grafitos escritos en cerámicas de los siglos III, IV y V que, cuando se presentaron en público, en junio de 2006, fueron calificados de históricos porque, entre otras cosas, adelantaban al siglo III la aparición del euskera y la entrada del Cristianismo. Sin embargo, supuestamente fueron hechos por los acusados.
Ahora la Fiscalía ha pedido la apertura de juicio oral y ha presentado su escrito de acusación, hecho público hoy, en el que solicita para Gil un total de cinco años y medio de cárcel por un delito continuado sobre el patrimonio histórico y otro de estafa en concurso con un delito de falsedad en documento privado, así como una multa de 7.200 euros.
La misma pena de cárcel y multa solicita para un segundo acusado, trabajador de Lurmen. Además pide que ambos sean inhabilitados para ejercer cualquier tipo de trabajo en yacimientos arqueológicos y para solicitar subvenciones o ayudas públicas en relación con esta ciencia durante el tiempo de la condena.
Para el tercer imputado, un colaborador de Gil, la Fiscalía solicita dos años y seis meses de cárcel por un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad en documento privado, así como que se le inhabilite para solicitar cualquier subvención o ayuda pública relacionada con la arqueología durante el tiempo de la condena.
El Ministerio Público reclama también que Gil y su trabajador indemnicen de forma conjunta y solidaria al Gobierno Vasco con 285.600 euros por los daños causados en el patrimonio cultural y que los tres acusados abonen a partes iguales a la Diputación de Araba, propietaria del yacimiento, 12.490 euros en concepto de responsabilidad civil.
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