El Gobierno Vasco desahuciará a una víctima de la violencia machista en Barakaldo

El Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri-Otxoak de Barakaldo han denunciado este lunes la situación de una vecina del municipio, víctima de violencia machista y madre de dos menores de 6 y 15 años, que se enfrenta al próximo desahucio de su familia "debido a una petición del Gobierno Vasco".

Según han explicado, la denuncia, que coincide con el 'Día Mundial del Hábitat', llega cuando está a punto de terminar el plazo de dos meses de suspensión que se acordó el 30 de julio en relación con la expulsión de su vivienda de alquiler de esta vecina del barrio de Santa Teresa-Bagatza.

En concreto, han indicado, "dado que el mes de agosto se considera inhábil a efectos administrativos, el desalojo se puede producir en cualquier momento en las próximas semanas". Por ello, miembros de Argitan y Berri-Otxoak han acampado este lunes en protesta ante las oficinas de Acción Social del Ayuntamiento, "que no ha ofrecido hasta ahora ninguna propuesta frente a esta amenaza de pérdida del hogar".

En esta ocasión, han denunciado, "es la sociedad pública de alquiler de vivienda protegida del Gobierno Vasco, Alokabide, la que impulsa el desahucio de esta mujer maltratada y sus hijos menores". Desde Argitan y Berri-Otxoak han asegurado que, "desde el primer intento de desalojo, la afectada, angustiada, ha tratado de conseguir una cita para buscar una solución, pero hasta la fecha las autoridades ni siquiera han dado fecha para el encuentro".

"Esta situación es más grave, si cabe, si tenemos en cuenta que esta mujer a lo largo del último año ha intentado dirigirse a los recursos sociales del Ayuntamiento de Barakaldo o al Servicio Vasco de Vivienda para regularizar su situación y el uso de la vivienda en la cual reside", según han destacado la asociación de mujeres y la plataforma contra la pobreza.

También han dado a conocer que el intento de desahucio ha llevado a la afectada a presentar una solicitud de amparo ante el instituto vasco de la mujer Emakunde, al considerar que se vulnera la normativa que ordena "medidas sociales" en el caso de desahucios de personas vulnerables y "sobre todo en los supuestos de especial vulnerabilidad como las víctimas de la violencia de género".

Del mismo modo, han indicado, la defensoría del pueblo está pendiente de este problema. En este sentido, y por sugerencia de la oficina del Ararteko, remitió un escrito dirigido a la sociedad vasca de vivienda Etxebide en mayo del 2018, pero "aún espera respuesta al mismo".

Vulneración del dictamen de la ONU y la sentencia de Estrasburgo

El Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma Berri-Otxoak han afirmado que "tanto el Gobierno municipal como la Consejería de Vivienda están vulnerando el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que exige, frente al desahucio de familias sin recursos económicos suficientes, que se les proporcione un alojamiento o alternativa habitacional".

Del mismo modo, estas organizaciones barakaldesas acusan a las autoridades municipales y autonómica de "incumplir la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo" que advierte que "se ha de dar un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales a la familia afectada por un desalojo ante la evidente constatación de una situación de exclusión y precariedad económica".

"Nuevamente se comprueba que es papel mojado el supuesto protocolo antidesahucios acordado en 2013 por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, y renovado este pasado mes de febrero", han lamentado Argitan y Berri-Otxoak.

De acuerdo al compromiso de actuación para estas situaciones, han recordado, los servicios sociales de base deben "dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente" cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio, y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia.