Unos 2.000 vecinos protestan contra la ocupación de dos viviendas en Santurtzi

Unas 2.000 personas se han concentrado esta tarde en Santurtzi para intentar forzar la salida de los 'ocupas' de un edificio, en medio de un gran despliegue de la Ertzaintza que ha cortado la calle al tráfico impidiendo que los concentrados se acercasen al inmueble.

Por su parte, las personas que han ocupados las viviendas, situadas en los números 24 y 26 de la calle José Miguel de Barandiarán, han colgado sábanas de las ventanas con mensajes como "Tenemos contratos. No somos ocupas" o "La ley la tiene el juez. No vosotros".

Los vecinos habían hecho un llamamiento, a través de las redes sociales, para concentrarse a las 19:00 horas, frente a las dos viviendas ocupadas, con el propósito de seguir los pasos que dieron en Portugalete y echar a unos ocupas que residen de manera ilegal en las citadas dos viviendas.

Antes del inicio de la protesta, una amplia presencia policial, conformada por una decena de furgonetas de la Ertzaintza, ha establecido un cordón de seguridad para evitar que los manifestantes se acercaran a las casas ocupadas.

En la concentración, que se ha prolongado durante una tres horas, se han vivido algunos momentos de tensión cuando los vecinos han empujado las vallas y han intentado sobrepasar el cordón policial.

Una de las afectadas, que encontró su casa ocupada el pasado 2 de septiembre, ha denunciado que "hay una ley que no nos ampara, una ley injusta, que cuando entran unos, resulta que no podemos entrar nosotros"."¿A santo de qué pueden entrar ellos en mi casa y yo no puedo entrar en la mía?. No es lógico. Esto tiene que acabar y lo que no hacen los gobiernos, las instituciones, las autoridades, lo vamos a hacer el pueblo", ha agregado.

Por otro lado, el Gobierno Municipal de Santurtzi ha valorado de forma "muy positiva" la actitud "cívica" de la sociedad santurtziarra que, "de una forma ejemplar, ha defendido el legítimo derecho de las personas propietarias".

En un comunicado, el equipo de Gobierno ha reiterado que es necesario un cambio de leyes, de cara a poder actuar de forma "más ágil e inmediata, como institución más cercana a nuestros vecinos y vecinas, y de esta manera paliar este tipo de situaciones de ocupación".

"No podemos permitir algo tan injusto como esto, y por ello exigimos de forma rotunda el cambio de esta ley que protege a quien usurpa la propiedad privada", ha agregado.

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María Isabel, una de las vecinas propietarias afectadas, explicó hace unos días en el programa 'Qué Me Estás Contando' de ETB2 que los ocupas entraron ilegalmente a la vivienda de sus padres, ya fallecidos, el pasado 2 de septiembre.

Ese mismo día, un familiar que vive en el edificio de al lado alertó a la propietaria que habían ocupado su vivienda. En ese momento, se acercó a la vivienda "para tratar de hacer algo", pero se encontró a los ocupas en el interior de la vivienda "tranquilos, como si estuvieran en su casa". Al exigirles una explicación, le reprocharon que ella es propietaria de dos viviendas y ellos no tienen ninguna. Así, le propusieron hacer un contrato de alquiler, pero ella se negó, puesto que necesita la vivienda.

No obstante, María Isabel recuerda que la casa no ha estado abandonada en ningún momento, y esa misma tarde estuvo realizando tareas de limpieza en el hogar. Así, asegura que los ocupas "la tenían muy controlada". La vivienda, fue recibida en herencia, pero le iban a dar un uso inmediato, por lo que había sido reformada recientemente.

Anteriormente, en el mismo bloque de viviendas ha habido más intentos de ocupación, por lo que María Isabel estaba preocupada, pero sin llegar a pensar que ella sería una de las afectadas. Ante esta situación, interpuso una denuncia, pero todavía no hay fecha fijada para el desalojo, "por lo que no se puede hacer nada".

Además, las personas que viven de manera ilegal en el piso podrían ser declaradas insolventes, lo que alargaría aún más el camino judicial. "Intenté cortar la luz, pero no puedo, porque me pueden denunciar por coacción. Es muy triste que yo  tenga que trabajar para ellos", denuncia.

Por su parte, los ocupas aseguran que la vivienda lleva 3 o 4 años sin habitar y no tienen dónde ir, por lo que reclaman un acuerdo, tras acceder ilegalmente a la vivienda.

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