Las invisibilizadas aún más por la pandemia

Hace un año, el 8 de marzo de 2020, centenares de miles de mujeres salieron a la calle para reivindicar sus derechos y clamar un año más por la igualdad real. Pocos días después, ante el evidente avance de la pandemia, los gobiernos españoles y franceses decretaron sendos estados de alarma y comenzó así el primer confinamiento domiciliario en Euskal Herria.

La triple crisis (sanitaria, económica y social) derivada de la covid-19 no ha hecho "sino agravar las desigualdades de género", según ha reconocido recientemente la OMS. La organización cita, entre otros, la mayor incidencia del virus en mujeres o el "espectacular aumento" de la violencia de género durante este año. El coronavirus también se ha cebado más con las mujeres trabajadoras, según se constata en el informe de la fundación europea Eurofound. La tasa de paro de las mujeres de la UE, que aumentó un punto entre abril y septiembre de 2020, es ocho décimas mayor que la de los hombres (7,9 % frente a 7,1 %).

Durante el confinamiento total de la primera ola, muchos trabajadores pudieron optar por el teletrabajo, mejorando así su conciliación laboral-familiar. Sin embargo, el cierre de las escuelas generó una mayor angustia psicológica en el caso de las mujeres. Así, las mujeres con niños pequeños se sintieron más tensas que los hombres en su misma situación (21 % frente al 19 %), solas (14 % frente al 6 %) y deprimidas (14 % frente al 9 %), siempre según el informe de Eurofound.

Las "invisibles"

Este 8 de marzo fijamos la mirada en un colectivo que, a pesar de asumir un papel muy relevante en el área de la salud, no ha contado ni cuenta con "el reconocimiento ni la visibilización de la sociedad": el de las mujeres inmigrantes que trabajan en el sector de los cuidados.

"Cuando se salió a aplaudir no se acordaron de las mujeres inmigrantes internas en domicilios que trabajan en atención a la dependencia y a los cuidados. No se aplaude, ni se reconoce ni en las políticas públicas, ni en la sociedad todo ese trabajo de cuidados que está recayendo en las mujeres en situación regular e irregular", denuncia Silvia Carrizo, la activista y socia fundadora de Malen Etxea, la asociación de apoyo, encuentro y formación para mujeres inmigrantes ubicada en Zumaia (Gipuzkoa). 

Carrizo pone voz a esas mujeres trabajadoras, que en Euskadi son 11 374. La cifra corresponde a las extranjeras, la gran mayoría venidas de países fuera de la UE (9503), registradas en el Régimen de Servicio de Hogar. Sin embargo, ese registro no contempla la economía sumergida presente en este sector, por lo que habría que añadir a las que están en situación irregular. Así, según las estimaciones "prudentes" que realizan desde Malen Etxea, la cifra total podría ascender a 16 500.

Son las que sostienen "todo el universo de cuidados", el que se hace en los domicilios particulares, que según Carrizo, "no se mira, no se reconoce". Es un trabajo silente, invisibilizado, pero primordial. 

"Las mujeres inmigrantes internas en domicilios que trabajaban en atención a la dependencia y a los cuidados no necesitaron un estado de alarma. Ya tenían limitado el derecho de salir y entrar del domicilio. Esta sociedad lo ha tenido implementado desde siempre. Al Gobierno no le supone un problema ético, político, ni moral. ¿Sobre qué cuerpos se produce la explotación? Sobre el de las mujeres migradas que en definitiva no le importan a nadie; las invisibles, las nadie", critica la activista. 

Otro dato: el 81,3 % de las trabajadoras "internas" son inmigrantes. Sobre ellas, Carrizo recuerda que "estas empleadas tienen que estar disponibles 24 horas al día, los 365 días del año por salarios miserables. Trabajan en condiciones de explotación laboral, nosotras lo definimos directamente como esclavitud". 

De hecho, desde Malen Etxea ya advirtieron de lo que podía venir dos semanas antes de aquel fatídico 14 de marzo: "Empezaron a llegar las primeras compañeras diciendo que ya no podían salir el fin de semana, que se tenían que quedar en casa porque había un virus". Quizás por ello, hubo pocos positivos en el sector, ya que muchas empleadas "estuvieron confinadas antes de que fuera declarado el estado de alarma". 

Una encuesta realizada por la asociación en abril de 2020 entre 300 mujeres inmigrantes arrojó, entre otros, las siguientes cifras: más de la mitad (56,4 %) estaba en situación administrativa irregular. De las que llegaron al 14 de marzo con trabajo, a más de un tercio (35,6 %) se le ordenó quedarse en casa sin sueldo, un 21,3 % fue despedida, a un 18,1 % les prohibieron los descansos y el 16,3 % sufrió reducción de horas. 

Las que continuaron trabajando asumieron un alto riesgo sanitario: permanecieron cerca de las personas más vulnerables (sin distancia, en interiores) y realizando tareas con gran exposición al virus (aseo de dependientes, lavado de ropa, limpieza de superficies…). "Nadie se ocupó de si tenían o no EPIs. Durante el confinamiento domiciliario, se encerró a estas mujeres más de lo que ya estaban. La que no aceptaba quedarse ha sido despedida. Las empresas de cuidados de atención domiciliaria tampoco facilitaron EPIs, y despidieron a las mujeres que protestaron por la falta de seguridad", denuncia Carrizo.

Estas trabajadoras demandan, entre otras, la regularización de todas las compañeras. Foto: Malen Etxea

Un año después, la falta de protección hacia estas trabajadoras sigue siendo evidente: "Estas trabajadoras son la primerísima línea, y no están en ninguna lista de vacunación. Es como si no existieran, e insisto son más de 10 000", dice la activista.

Los cuidados más allá de la residencias y los centros de día

Según Carrizo, "la pandemia vino a dejar al descubierto la salvajada del sistema capitalista, colonial y racista de esta sociedad, que lo que está haciendo es poner a los sectores más vulnerables, a falta de políticas públicas, al frente de la atención a la dependencia". En este sentido, la activista recuerda que el Estado español es el único en la UE que mantiene este sistema: "Esto no existe en Francia, en Alemania, ni en Suiza… en Italia, que sí lo tenía, ya lo han eliminado prácticamente, y lo mismo en Portugal. Lo han articulado con políticas públicas, y hay diferentes modelos. Pero esta salvajada, esta vulneración de la vida, ocurre aquí. En el Estado español es el la Comunidad Autónoma Vasca donde más extendido está", denuncia.

Desde Malen Etxea reclaman, por tanto, "un sistema público, único, universal y comunitario de cuidados", donde las familias y las personas usuarias tengan "voz". Para ello, una de las asignaturas pendientes más urgentes es abrir "la regularización directa de estas trabajadoras" y después otorgarles "definitivamente el certificado de atención socio-sanitaria en domicilio". Así, "se pasaría a tener a todas esas compañeras trabajando dignamente, con trabajo jornalizado como corresponde", explica Carrizo.

Estas demandas, que son compartidas con el movimiento feminista y otros agentes sociales, se basan en que los cuidados abarcan más de lo que suponen las residencias, los centros de día o el servicio de ayuda a domicilio (SAD). Carrizo reivindica en este punto el papel de los ayuntamientos: "Tienen que recuperar protagonismo en cuidados, tienen que volver a recuperar sus competencias y aumentarlas. Este no es un problema únicamente salarial, porque se ha roto un paradigma, estamos avanzando hacia una sociedad totalmente diferente donde vamos a vivir muchos años, donde todas vamos a necesitar cuidados, y donde todas tenemos derecho a vivir en nuestro entorno".

Y añade la siguiente reflexión: "Las mujeres de entre 40 y 60 años tenemos uno o, a lo sumo, dos hijos y algunas ninguno. Ya no existe esa familia numerosa que podía hacerse cargo de los cuidados. Tenemos que pensar que el cuidado va a ser comunitario, en el sentido de comunidad, en el sentido de que cada una de nosotras va a tener que mirar a su vecina de enfrente, de que los municipios, los pueblos y los barrios tienen que crear lugares para que todas podamos envejecer y vivir con dignidad. Estamos hablando de derechos humanos, no hay más".