El Congreso español aprueba la ley de infancia, que estrecha el cerco al abuso

El Congreso de los Diputados español ha aprobado definitivamente este jueves la ley de protección a la infancia, que estrecha el cerco a la violencia contra los menores, una norma pionera que ha suscitado un amplio consenso y da respuesta a las demandas históricas de las organizaciones de infancia.

La ley ha concitado un amplio consenso, con 297 votos a favor y solo 52 en contra, correspondientes a Vox.

Con su entrada en vigor, habrá más tiempo para denunciar los abusos a menores, ya que empezará a contar la prescripción de los delitos cuando la víctima tenga 35 años, y no 18 como ahora, y cualquier persona que conozca un caso o sospecha de violencia contra los niños deberá comunicarlo.

La ley, con una financiación de 70 millones de euros, amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, juzgados y fiscales especializados, un Registro Central de Información y un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos.

Con la norma, cuando el caso llegue a los tribunales, los niños menores de 14 años solo tendrán que declarar una vez durante la investigación y quedará suspendido el régimen de visitas cuando se dicte una orden de protección por violencia de género o haya indicios de que los hijos han presenciado o sufrido maltrato.

Durante la tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado, se han incluido mejoras al texto remitido por el Gobierno el pasado mes de junio por trámite de urgencia, muchas de ellas trasladadas por las entidades de infancia.

En la Cámara Alta, se ha incorporado la prohibición de realizar desnudos integrales o exploraciones genitales en las pruebas para determinar la edad de los menores no acompañados, y sumó el respeto a las competencias de las comunidades autónomas.

En la Cámara Baja, se ha mejorado el reconocimiento del derecho de los niños a ser escuchados a lo largo de todo el proceso y eliminado planteamientos sin base científica como el llamado síndrome de alienación parental, que presupone que la madre ha manipulado al hijo contra el padre.

Las organizaciones sociales han coincidido en que es una "ley pionera", supone un avance histórico, situando a España como referente a nivel internacional e incorporando los requerimientos del Comité de Derechos del Niño desde 2010.

Pero también han advertido de que ahora queda aplicarla: se fijan plazos y se expresan compromisos que deben ser cumplidos, destacan a Efe desde Save the Children, la Plataforma de Infancia y Unicef.

Por ejemplo, recuerdan el mandato de crear juzgados especializados en infancia, la aprobación de una estrategia y la creación del Consejo Estatal de Participación Infantil, que va a dar voz a los niños para la elaboración de las políticas públicas.