Zaldibar Argitu y la Carta de Derechos Sociales llaman a manifestarse mañana en Zalla
La plataforma Zaldibar Argitu y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria han convocado para este sábado una manifestación en Zalla para exigir la depuración de responsabilidades políticas "hasta las últimas consecuencias" por el derrumbe del vertedero de Zaldibar. El derrumbe del verterdero de Zaldibar se produjo el 6 de febrero de 2020, que sepultó bajo toneladas de residuos tóxicos, tierra y piedras a dos de sus trabajadores: Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán.
La marcha pretende también expresar la solidaridad y apoyo de los participantes a la familia de Joaquín Beltrán, operario -vecino de Zalla- que resultó sepultado tras el derrumbe de este vertedero en febrero de 2020 y cuya búsqueda ha sido suspendida por el Gobierno Vasco por la falta de resultados. Los restos de Alberto Sololuze fueron encontrados en agosto del pasado año.
En una rueda de prensa, ambas entidades han destacado la responsabilidad que por la "falta de control" de la escombrera tienen tanto el consejero Iñaki Arriola como el lehendakari, Iñigo Urkullu.
Representantes de ambas entidades han lamentado que el Gobierno Vasco pretenda "quitarse este asunto de encima, eludiendo responsabilidades" y presentando a la empresa gestora del vertedero, Verter Recycling, como el "único culpable".
Han asegurado que la empresa Verter Recycling tiene "responsabilidad directa sobre los trabajadores fallecidos", pero han censurado que el Gobierno Vasco no "hizo nada" por controlar su gestión, pese a que desde 2016 la escombrera se encontraba en "grave peligro", según varios informes remitidos al Juzgado y citados por estos grupos.
También han lamentado que Urkullu permaneciera "desaparecido" en los días posteriores al desprendimiento y han dicho que tampoco tras el anuncio de la finalización de la búsqueda de Beltrán el lehendakari haya "dado la cara".
De igual forma, han culpado a la patronal porque "incumple la legislación vigente" y le han acusado de "hacer negocio" con la gestión de residuos, "a costa tanto de la clase trabajadora como del medio ambiente".
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