El padre niega que secuestrara a la hija de Irune Costumero: "Estaba de vacaciones"

El padre de la hija de Irune Costumero ha declarado como testigo en la segunda sesión del juicio en la Audiencia de Bizkaia contra el diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, y tres funcionarias por los presuntos delitos de prevaricación, maltrato y lesiones psicológicas en relación a una orden foral de 2017 por la que la institución asumía la guarda de la menor y cedía la estancia al padre, sin haberlo consultado con el juez que había dictado un régimen de custodia compartida.

El padre, testigo de la defensa de los cuatro acusados, ha contado que fue la madre quién inició un procedimiento de divorcio tras denunciarle por violencia de género, en un proceso del que salió absuelto, así como fueron sobreseídas las denuncias de malos tratos a su hija.

Sobre el "secuestro" de la menor cuando tenía 18 meses cuando él se la llevó sin comunicar su paradero durante dos meses, según denunció la madre, ha asegurado que "estaba de vacaciones".

Ha contado que el servicio de infancia propuso un plan de intervención familiar con el que siempre estuvo "dispuesto a colaborar en todo por el bien" su hija, si bien no ha recordado si les comunicó que en 2017 había solicitado la custodia en exclusiva, justo un mes antes de la orden foral por la que le entregaron a su hija.

Ha asegurado que las funcionarias y los trabajadores del servicio de infancia se portaron en todo momento de manera "adecuada" y "cariñosa" con la niña, que ésta no mostró rechazo hacia ellas tras haberle separado de su madre.

También ha declarado la pediatra de la niña que ha contado que notó un cambio importante en el carácter de la niña, después de ese periodo en que el padre se la llevó sin avisar y que consideró pertinente que la atendiera una psiquiatra infantil.

Ha opinado que la madre y la niña mantenían "una relación maravillosa" y ha rechazado que la menor sufriera el síndrome de alienación parental ya "que no existe", ha opinado.

La asistente social del Ayuntamiento de Barakaldo ha explicado cómo, tras aplicar los ítems de la herramienta Balora habían llegado a la conclusión de que la niña se encontraba en un riesgo grave de desprotección y que podía sufrir daños psicológicos si no se intervenía con urgencia para que retomara la relación con su padre, y que éste facilitó la intervención y colaboró en todo lo que se les proponía.

Cuando el caso llegó al servicio de infancia de la Diputación, se toma como base esa evaluación previa de los servicios sociales de Barakaldo sobre la interferencia de la madre, han relatado varias profesionales de la empresa externa que gestionaba el punto de encuentro y funcionarias de la Diputación.

Una de las funcionarias que propuso "la medida de protección" de la menor que conllevaba entregarla a su padre ha reconocido que esta decisión no se comunicó al juez que había dictado una custodia compartida, ni a la Fiscalía, hasta después de que se hubo aplicado.

Estas funcionarias han opinado que esa medida provisional de estancia con su padre no se cambió en casi cuatro años porque la madre denunció penalmente esa resolución, lo que complicó su modificación.

Han contado que es habitual que el servicio de infancia solicite la presencia de agentes de la ertzaintza uniformados cuando se va a comunicar órdenes similares en las que se procede a retirar un menor a sus padres.

Los ertzainas que estuvieron el día en que a Irune Costumero le quitaron a su hija han explicado que se produjo sin incidentes, que la madre "se puso un poco nerviosa" y que "niña lloró un poco, pero enseguida se fue tranquila" con la funcionaria foral que la llevó con su padre, lo que contradice el episodio difícil que relató la madre sobre la angustia y los gritos de su hija.