Un juzgado de Ceuta paraliza durante 72 horas las repatriaciones de menores

Un juzgado de Ceuta ha acordado paralizar cautelarmente durante las próximas 72 horas las repatriaciones de menores extranjeros no acompañados, mientras solicita información del procedimiento al Ministerio del Interior del Gobierno de España y a la Delegación del Ejecutivo español en la ciudad autónoma.

Así lo ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta, María Isabel Deu del Olmo, en la puerta del juzgado, donde ha acompañado a los cinco menores que habían solicitado el "habeas corpus" para evitar, este lunes por la mañana, su repatriación a Marruecos, que finalmente no se llevará a cabo ante la suspensión cautelar del proceso.

No obstante, la jueza ha rechazado el 'habeas corpus' al considerar que no cumplen con el requisito que establece el artículo 17.4 de la Constitución Española en la Ley Orgánica 6/1984, en la que se especifica que con esta figura jurídica "se intenta remediar rápidamente la detención ilegal de un ciudadano".

Fuentes judiciales han reconocido que estos jóvenes no estaban siendo trasladados para su repatriación en calidad de detenidos, por lo que la figura del 'habeas corpus', en esta ocasión, no tiene cabida.

Los cinco menores han regresado al pabellón polideportivo de Santa Amelia, de donde habían sido trasladados este lunes por la mañana hasta la frontera del Tarajal para su devolución.

Esta decisión se produce después del auto que ha paralizado este lunes la repatriación de otros nueve menores, al considerar que se ha cumplido con las normas y principios del derecho internacional y con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Además, esta respuesta del juzgado ha llevado a la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, junto con la Fundación Raíces, a solicitar al Gobierno que paralice todas las repatriaciones que comenzaron el pasado viernes y afectan a parte de los centenares de menores que entraron en la ciudad autónoma el pasado mes de mayo durante la crisis migratoria.

Las asociaciones han recalcado que las devoluciones de entre 45 y 60 niños realizadas desde el pasado 13 de agosto son "ilegales", a la vez que han denunciado que estas actuaciones vulneran "sistemáticamente" los derechos de la infancia en situación de mayor vulnerabilidad.

El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra (Unidas Podemos), ha enviado este lunes una nueva carta a Interior para reiterar su rechazo a este proceso y pedir un protocolo que establezca que los niños que deseen volver con sus familias puedan hacerlo en condiciones de seguridad, y los que no se queden en España en condiciones de acogida dignas.

Preguntado esta mañana por las discrepancias entre su departamento y el que dirige Ione Belarra, el ministro Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en que "todo el Gobierno está trabajando de forma conjunta" para que el retorno respete la ley y cumpla el principio del interés superior del menor.

La ONU pedía la suspensión de la repatriación de diez de los menores

En paralelo, también este lunes, la ONU había pedido al Gobierno de España que suspenda la repatriación de diez de los menores, mientras su caso se encuentre pendiente ante el Comité de Derechos del Niño.

Naciones Unidas respondía de este modo a la petición que realizaron Save The Children, Andalucía Acoge y Gentium; estas organizaciones pidieron la suspensión de las devoluciones que el Ministerio del Interior comenzó el pasado viernes, y lo hicieron en nombre de una decena de los casi un millar de menores que accedieron a España durante la crisis migratoria de Ceuta en el mes de mayo.

Save the Children lo consideraba "ilegal"

En este contexto, Save the Children consideraba ilegal cualquier repatriación colectiva de menores migrantes: "Resulta esencial que, tras la llegada al territorio, las autoridades realicen una evaluación del interés superior de cada niño y niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde sus necesidades y su bienestar", ha explicado Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de esta ONG. 

La organización, que defiende los derechos de la infancia en todo el mundo, cree que las soluciones duraderas que se planteen al menor pueden ser la integración en el país de acogida, el reasentamiento en un tercer país o el retorno al país de origen, ya sea a su familia o al sistema de protección del país de origen.