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El Gobierno Vasco impulsará los juicios digitales dentro de su Plan de Digitalización

Uno de los principales objetivos del plan es la implantación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), que estará operativo en 2023. Se pretende avanzar hacia una justicia "altamente digitalizada" y "más eficiente".
Beatriz Artolazabal presentará el Plan de Justicia Digital. Foto de archivo: EITB Media
Beatriz Artolazabal presentará el Plan de Justicia Digital. Foto de archivo: EITB Media

El Gobierno Vasco pretende impulsar las actuaciones digitales en la administración de Justicia, con la celebración de procedimientos y juicios no presenciales. Se trata de uno de los objetivos del Plan de Justicia Digital 2021-2026 que la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, presentará este martes en la reunión de Consejo del Gobierno Vasco.

El objetivo de este plan es avanzar hacia una Justicia "altamente digitalizada, que sea más eficiente, menos costosa y que preste un mejor servicio" a la ciudadanía, según Artolazabal. Este trabajo es, además, uno de los ejes sobre los que girará el futuro Plan Estratégico de Justicia 2022-2028.

Uno de los principales hitos del plan será la implantación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), que estará operativo en 2023, gracias, entre otras cosas, al convenio firmado por el Gobierno Vasco con el de Navarra para la utilización de su sistema de gestión informática Avantius.

De esa manera, se disminuirá "radicalmente" la justicia en papel y se impulsarán las actuaciones y juicios digitales, con actividades basadas en la inteligencia artificial, como, por ejemplo, la textualización de vistas videograbadas y un traductor neuronal judicial. Así lo ha explicado el director de Justicia Digital e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Javier Landeta.

Dentro del plan se contempla también la creación de la "carpeta de la Justicia", un instrumento en línea con la Carpeta de la Salud de Osakidetza.

El Plan de Justicia Digital 2021-2026, que parte de una estimación inicial de inversión de unos 100 millones de euros, se basa en el trabajo para la actualización de las infraestructuras, tanto de las máquinas como de las redes de comunicaciones, la mejora de la seguridad de la información y la protección de datos para evitar ciberataques y proteger los derechos.

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