Así es el nuevo estatuto que protegerá los intereses de las personas consumidoras y usuarias

El nuevo Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, que ha sido aprobado hoy en el Parlamento Vasco con el voto a favor de PNV, PSE-EE, Elkarrekin-Podemos-IU y PP+Cs y el voto contrario de EH Bildu y Vox, busca ampliar la protección en la compra o contrato de cualquier bien o servicio, y se fija especialmente en las personas que pueden ser más vulnerables ante una práctica abusiva.
Además de perseguir las estafas que se aprovechan de las personas mayores, por ejemplo, se pone como objetivo reducir la comida que tiramos y los envases de un solo uso. En ese sentido, refuerza la obligatoriedad de servir agua de grifo en los restaurantes, vigente desde 2022, y les obliga a informar al comensal de que puede llevarse la comida sobrante a casa.
El nuevo estatuto también busca protegernos frente a las visitas indeseadas, que muchas veces terminan en una estafa para vendernos algún producto que tampoco deseamos. En este sentido, cualquier venta a domicilio se deberá programar al menos 48 horas antes de formalizarla. Esto protege especialmente a las personas que viven solas en casa, para que el timbre no las pille desprevenidas.
Además, si una empresa que ofrece un servicio básico de interés general va a cortar el suministro, deberá dar un plazo de un mes para poder subsanar cualquier error.
Otra novedad del estatuto se refiere a la información que dan las empresas a sus usuarios. Por ejemplo, un parque de atracciones cuya actividad pueda verse afectada porque ha acudido mucha gente o por obras, deberá notificarlo debidamente al cliente. También deberán hacerlo las autopistas.
Nuevas herramientas para Kontsumobide
El estatuto también refuerza las herramientas de que dispone el Instituto Vasco de Consumo. Entre las novedades está el permiso que tendrán sus inspectores para presentarse sin identificarse en las empresas que pretende vigilar. Kontsumobide también podrá difundir que alguna empresa ha cometido prácticas abusivas.
Laura Alzola, directora de Kontsumobide, destaca que el instituto podrá reclamar directamente a una empresa, dentro de una sanción, que devuelva el importe debido. De esta manera, la persona usuaria no tendrá que pasar por un proceso judicial, como hasta ahora.
El estatuto recoge un largo listado de infracciones. Especialmente, la nueva legislación protege los derechos de las personas menores de edad, las mayores y las personas con discapacidad, e incide en el etiquetado, la publicidad, la composición y la calidad de los productos, atiende a la seguridad de los aparatos de casa y protege las relaciones de consumo con servicios de telefonía e Internet o los contratos firmados fuera del establecimiento comercial y los financieros. Estos son algunos ejemplos.
La nueva normativa también regula todo lo relativo a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, y establece los requisitos necesarios de independencia y transparencia para que puedan considerarse representativas.
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