Informe anual sobre el racismo
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SOS Racismo alerta sobre un "empeoramiento de la convivencia" y señala la urgencia de revertir la situación

La federación ha elaborado un informe en base a las denuncias recogidas durante el año 2022, donde destaca el racismo institucional, seguido de las situaciones de violencia motivadas por prejuicios.
SOS Racismo propone abordar la realidad del racismo de forma transversal. Foto: Freepik
SOS Racismo propone abordar la realidad del racismo de forma transversal. Foto: Freepik

La Federación de Asociaciones SOS Racismo ha publicado hoy su Informe Anual sobre el racismo en el Estado español 2023, donde ofrece una fotografía de la situación actual mediante el análisis de las denuncias de discriminación racial recogidas en sus distintas oficinas de atención durante el año 2022.

El informe destaca el aumento de los casos derivados de conflictos y agresiones racistas, así como de la discriminación laboral, que muestran "un empeoramiento de la convivencia en el Estado español". Por ello, señalan la "urgencia" de poner en marcha medidas que reviertan la situación.

El racismo, en datos

En primer lugar, se destaca el racismo institucional, con un total de 250 casos, a lo que habría que sumar los casos relacionados con la denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos, con un total de 126 casos.

En segundo lugar, los conflictos y agresiones racistas se presentan en 130 casos, lo que indica "situaciones de violencia o enfrentamientos motivados por prejuicios, discursos, actos y conductas raciales".

La discriminación laboral, con un total de 78 casos, señala situaciones en las que las personas son tratadas de manera desfavorable e injusta en el entorno laboral, obstáculo importante para la oportunidad de obtener empleo.

Por último, se mencionan 19 casos de discurso de odio por parte de la extrema derecha como una forma de discriminación racial.

Evolución de las denuncias recogidas en las últimas décadas. Foto: SOS Racismo Evolución de las denuncias recogidas en las últimas décadas. Foto: SOS Racismo

En cuanto al agente discriminador, en el 51,21 % de los casos denunciados, la entidad discriminatoria fue una entidad pública, mientras el 23,24 % de los casos involucraron a particulares como agentes discriminadores, lo que supone un aumento cercano al 20 % respecto al año anterior. En el 22,7 % de los casos, las entidades privadas fueron identificadas como agentes discriminadores, lo que supone un aumento por encima del 20 % respecto al año anterior.

En lo que respecta al sexo de las personas denunciantes, se destaca que el 48% fueron hombres (358 denuncias), frente al 52% de las mujeres (382 denuncias). Es decir, denuncian más mujeres que hombres en 4 puntos porcentuales, como viene sucediendo en años anteriores.

Muestra del porcentaje del sexo de las personas denunciantes. Foto: SOS Racismo Muestra del porcentaje del sexo de las personas denunciantes. Foto: SOS Racismo

Los datos proporcionados revelan información importante sobre la discriminación en relación con el estatus migratorio y la nacionalidad de las personas denunciantes. La mayoría de las personas denunciantes tenían una situación regular. Asimismo, es significativo que un considerable 29 % de las denuncias correspondió a personas en situación irregular.

Propuestas antirracistas

En respuesta a los datos recogidos y en el contexto de la próxima campaña electoral, desde la federación han elaborado una propuesta con medidas a las que invitan a sumarse a los partidos políticos de cara a sus programas electorales:

1) Leyes y políticas integrales que aborden la realidad del racismo y la discriminación de forma transversal y desde una mirada antirracista y feminista: búsqueda de la transformación social.

2) Desarrollo de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

3) Mejora en el cumplimiento de la normativa.

4) Frente al racismo institucional, recursos suficientes en procesos en los que se vean afectadas personas pertenecientes a colectivos vulnerados.

5) Participación social en la formulación de políticas públicas, garantizando la presencia de personas y entidades racializadas, así como colectivos y organizaciones antirracistas.

6) Nuevo modelo policial.

7) Inversión en políticas antirracistas comunitarias. Lucha frente al racismo, las agresiones y conflictos vecinales.

8) Nuevas formas de gestión del conflicto, apuesta por la justicia racial y social. Mediación, justicia restaurativa.

9) Empoderamiento de las personas y comunidades racializadas.

10) Mirada a largo plazo para que todo lo anterior sean instrumentos para la creación de una sociedad antirracista, paso de la lucha contra el racismo al antirracismo.

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