El Gobierno Vasco encuentra indicios de delito en el transporte escolar, por lo que acudirá a la Fiscalía

El consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, ha comparecido ante los medios de comunicación para informar sobre la situación del transporte escolar de las escuelas públicas en la actualidad y ha asegurado que las empresas estarán obligadas a dar servicio, ya que ha cursado una orden de ejecución forzosa del mismo. Asimismo, Bildarratz ha señalado que se han encontrado con "prácticas sospechosas" y probablemente "ilícitas", es decir, que sospechan que varias empresas están de mutuo acuerdo y que la información acumulada será remitida a la Fiscalía. 

Bildarratz asegura que el transporte escolar está resuelto en Gipuzkoa, pero no en Álava ni en Bizkaia. La mayoría de los pliegos de licitación, que se publicaron a principios de año para poder contratar a las empresas de transporte que realizan estas rutas, quedaron desiertos "incluso en las rutas escolares con un incremento económico importante". El consejero explica que, tras ofrecer a las empresas la posibilidad de continuar trabajando en estas rutas en las mismas condiciones que el año pasado, practicamente todas las rutas de Gipuzkoa se han adjudicado, pero no así las de Bizkaia y Álava, y se muestra sorprendido porque "los criterios son los mismos en los tres territorios".

Asimismo, ha añadido que han identificado "posiciones sin sentido, sin lógica económica" y que les ha hecho "sospechar". Ha señalado que han recabado información que les ha llevado a pensar que "algunas empresas están actuando de un modo ilícito", es decir, que están actuando de forma concertada para conseguir "mayores beneficios a costa de la administración".

Por ello, ha explicado que están colaborando con la Autoridad Vasca de la Competencia y, dado que han detectado "indicios de delito", remitirán la información a la Fiscalía.

Mientras tanto, Bildarratz opina que la prioridad del Gobierno Vasco es "garantizar el servicio", y por lo tanto, informa de que ha cursado una la orden de ejecución forzosa del transporte escolar. En consecuencia, en los itinerarios que no tienen garantizado el transporte, serán las empresas que prestaron servicio el curso pasado las que deberán cubrir esta necesidad mientras la orden esté vigente.

En estos casos, el consejero ha precisado que el Ejecutivo autonómico "abonará el coste real" de cada empresa de transporte y, "se les aplicará un beneficio industrial del 6%, tal y como establece la ley vigente".

Por su parte las asociaciones de transporte escolar se han mostrado muy tranquilos a pesar de las declaraciones de Jokin Bildarratz.

En los últimos años, el problema del transporte escolar se ha puesto sobre la mesa a menudo. Las asociaciones de empresas del sector consideran que las condiciones fijadas por el Gobierno no garantizan la rentabilidad. El curso pasado el transporte escolar de las escuelas públicas también estuvo en la cuerda floja y, en vísperas del inicio de las clases, ambas partes alcanzaron un acuerdo, tras pactar una subida del 24,1%.