En peligro la misión solidaria del Aita Mari, por el pago de 63 000 euros al Gobierno valenciano de PP y Vox

Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), la ONG responsable del Aita Mari, ha acusado al gobierno valenciano de "retorcer" la ley al haberles reclamado 63 000 euros de tarifas portuarias de la etapa en la que este tipo de buques estaban exentos de pagarlas, lo que "va a dificultar muchísimo las próximas misiones" del barco en el Mediterráneo central.

SMH señala en un comunicado que "era una vieja reclamación de Vox expulsar a los barcos de ayuda humanitaria de los puertos valencianos" y que "una de sus primeras acciones" como parte del gobierno de coalición con el PP "ha sido modificar el reglamento suprimiendo la exención de tasas que existía hasta ahora".

Denuncia que, "no contentos con eso, en la más pura tradición del fascismo de retorcer la ley para que parezca legal lo que no lo es", su pretensión es "aplicarla con efecto retroactivo", con una liquidación de tasas de los últimos cuatro años, hasta el 2021.

"De tal manera, que ahora, al liquidarlas retroactivamente de forma ilegal, debemos pagar para evitar recargos por impagos y el embargo de los avales que tienen frente a la hacienda pública nuestros agentes marítimos. El importe de dicha liquidación, hasta ahora y sin recargos, es de 63 300 euros solo para el barco Aita Mari", explica.

Esta ONG guipuzcoana destaca que, durante los últimos años, la flota civil de rescate ha encontrado en los puertos de la Generalitat Valenciana "un lugar amigo de refugio".

"Estos son los hechos concretos en los que se traduce la agenda racista y xenófoba de la extrema derecha. En ella, todo vale para conseguir sus fines, ellos son los que deciden quién vive y quién muere, qué vidas se deben sacrificar, que ayuda humanitaria es válida y cuál se debe entorpecer y criminalizar", subraya la ONG, que tiene prevista su próxima operación con el Aita Mari en octubre.

Misiva de Melgosa al Gobierno valenciano

Por su parte, Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico de Gobierno Vasco, ha mostrado "profunda preocupación" porque el Gobierno valenciano ha reclamado al Aita Mari, una serie de tasas retroactivas de los puertos de Burriana y Vinaròs.

En una misiva enviada a la vicepresidenta segunda y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Melgosa explica que desde el Gobierno Vasco estiman que las tasas liquidadas estarían exentas al amparo de la modificación del artículo 4.2 de Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Tarifas Portuarias.

Así, la consejera del Gobierno Vasco espera poder dar solución "a lo que entendemos ha surgido por un malentendido".