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La Justicia suspende el protocolo de atención a menores migrantes del Gobierno canario

El protocolo publicado por el Ejecutivo canario señala que la tutela de los menores compete inicialmente al Estado, y advierte de que no los aceptará en sus centros de acogida si no llegan correctamente identificados y con una asignación individualizada.
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Un cayuco con unas 80 personas migrantes a bordo ayer en el puerto de Los Cristianos (Tenerife). EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido este viernes la aplicación del protocolo del Gobierno de las islas para la atención de menores extranjeros no acompañados que llegan al archipiélago por vía marítima, han informado fuentes judiciales.

La Fiscalía había solicitado al Tribunal que suspendiera de forma cautelarísima y de inmediato el protocolo publicado por el Gobierno de Canarias para ordenar la acogida de menores llegados en embarcaciones precarias, ya que las exigencias establecidas para su recepción podrían perjudicar el cuidado de niños en "situación de desamparo patente".

Las islas Canarias, junto a la costa noroeste de África, son el destino de los miles de personas migrantes que llegan a Europa por la llamada 'ruta atlántica', una de las más transitadas y mortíferas.

El archipiélago lleva años desbordado con el desembarco de menores que viajan solos, pero desde hace un año la situación roza el colapso y ha provocado varios choques entre el Gobierno socialista de España y el Ejecutivo regional gobernado por Coalición Canaria en coalición con el PP.

La disputa se ha centrado en la última semana en el protocolo publicado por el Ejecutivo canario, que señala que la tutela de los menores compete inicialmente al Estado, y advierte de que no los aceptará en sus centros de acogida si no llegan correctamente identificados y con una asignación individualizada.

Esta normativa queda ahora suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Solo entre julio y agosto de este año entraron por mar en el archipiélago canario 6267 personas desde África, unas 2000 más que en los dos mismos meses de 2023, según el Ministerio del Interior, y cada vez llegan más menores, de los que se tiene que hacer cargo el Gobierno regional que, en estos momentos, afirma que tiene bajo su cargo a más de 5300.

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