El TSJN reabre la investigación sobre la supuesta venta de una menor para casarla en Lleida

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha decidido reabrir la investigación al considerar necesaria la práctica de las diligencias de instrucción solicitadas en la investigación sobre la supuesta venta de una menor de 14 años por 5000 euros para casarla en Lleida.

La Audiencia estima así el recurso presentado por el fiscal frente al auto de sobreseimiento dictado el pasado 6 de noviembre por el titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), la Sección Primera de la Audiencia estima que, tal y como sostiene el Ministerio Fiscal, existen indicios de criminalidad frente a los encausados siendo el archivo de la presente causa absolutamente prematuro. “Por ello, el recurso va tener una respuesta positiva por esta Sala”, apunta.

En consecuencia, añade, existen indicios de que la menor fue vendida en enero 2025 por sus padres a otro matrimonio para casarla con su hijo de 21 años. Así, fue localizada la menor en el domicilio de estos en Mollerussa (Lleida).

A eso suma la existencia de indicios de que "la menor ha sido dedicada a la mendicidad e incluso en acciones delictivas" aludiendo en ese sentido a que el 9 de septiembre de 2025 fue encontrada por los Mossos D'squadra en Bellpiuig "pidiendo y encarándose con la gente" y el 4 de octubre fue identificada en Borges Blanques.

En ambos casos fue recogida por los investigados residentes en Lleida, quienes afirmaron ser "sus familiares ya que sus padres, residentes en Zaragoza, tienen mucho trabajo y se la han dejado con ellos". Portaban una partida de nacimiento de la menor quien según dicen va a estudiar allí pero, según recoge la resolución, no está escolarizada.

Al respecto tras remarcar que la escolarización es un "derecho y un deber", subraya que la falta de escolarización de los menores, puede acarrear sanciones para los progenitores, que van desde multas hasta penas de 3 a 6 meses de prisión por incumplimiento de la patria potestad  además de posibles medidas civiles como la suspensión de la patria potestad si es una desatención grave y prolongada o la declaración de desamparo del menor.

En tercer lugar, indican que constan en el atestado de los Mossos d'Esquadra las fotografías aportadas por un testigo en las que aparece la menor y su "presunto marido", además de los progenitores de este, en el festejo de su boda.

En cuarto lugar, apuntan que el hecho de que la menor en su declaración no se reconozca como víctima de delito "no puede ser sinónimo de que no lo sea".

Por todo ello al entender que existe un "riesgo evidente para la menor que necesita de una tutela especial de protección ante los claros indicios de comisión de delitos de trata de seres humanos y coacciones por los recurrentes, quienes podrían haber concertado un matrimonio forzado y una venta por un precio", concluye que "el sobreseimiento y archivo de la presente causa es prematuro y la medida de alejamiento impuesta es conforme a Derecho”.

Entre las diligencias solicitadas figura tomar declaración a un testigo, quien, según dice, "consta que ha sido amenazado por la familia de la menor y, fue quien facilitó datos de gran transcendencia como el perfil de Facebook del presunto marido; de la menor, las fotografías del presunto enlace matrimonial, el precio de la entrega de la menor y el lugar dónde se localizaba la misma".

También ve pertinente el oficio de los Mossos que han intervenido en los hechos y oficiar a los servicios sociales de base de Corella (Navarra), donde residía, para que aporten informe social y de intervención de su familia.