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La regularización de personas migrantes arranca este jueves de forma telemática y el lunes de manera presencial

El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de la solicitud, las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.

Mujer trabajadora migrante
Imagen de archivo. Foto: EFE

El Gobierno de España prevé aprobar hoy la regularización extraordinaria para medio millón de migrantes después de más de dos meses desde el anuncio del procedimiento

Los trámites para la regularización de personas migrantes en situación irregular arrancará este jueves 16 de abril de forma telemática y el día 20 de forma presencial, según ha adelantado la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Las citas para acudir presencialmente a las oficinas para realizar los trámites podrán solicitarse también a partir de este jueves.

La ministra Elma Saiz, en una entrevista en la Cadena Ser, ha lanzado un mensaje tranquilizador a las personas que podrán beneficiarse de este proceso y ha asegurado que habrá tiempo de tramitar todas las solicitudes "vengan las que vengan".

Bolaños defendió ayer la medida, al asegurar que los potenciales beneficiarios son migrantes "sin derechos y sin hacer aportación alguna ni a la Seguridad Social ni a la Hacienda pública", por lo que se trata de un acción "de justicia" pero que también va a significar mayores recursos para el estado del bienestar.

Aunque en términos generales, el dictamen del Consejo de Estado avala la medida por su potencial integrador y los beneficios que supondrá para el conjunto del Estado español, hace algunas observaciones para mejorar el texto, una de ellas relativa a la flexibilidad que ofrece el texto para acreditar la ausencia de antecedentes penales.

Declaración responsable

Atendiendo precisamente ha esta última observción, el Gobierno de España ha eliminado del texto del Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes la posibilidad de que los solicitantes acrediten ausencia de antecedentes penales mediante una declaración responsable cuando no puedan hacerlo por otra vía.

Así lo han confirmado a agencias fuentes de la negociación del texto, que en anteriores borradores sí incluía esta posibilidad, sin embargo, cuestionada por el Consejo de Estado en su dictamen de la norma.

Esta modificación por parte del Ejecutivo español tiene lugar después de que el órgano consultivo adviertiera de que esta fórmula, la de la declaración responsable, resulta "inadecuada" para un proceso masivo de tramitación que afectará a un número muy elevado de personas y permite "relajar injustificadamente la diligencia que cabe razonablemente exigir a los beneficiarios de ese proceso y que abre la puerta a prácticas poco rigurosas e incluso irregulares en el cumplimiento de un requisito de carácter general exigido por la Ley Orgánica de Extranjería".

Plazo de tramitación

El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de la solicitud (un procedimiento que se prevé que no exceda más de 15 días desde la petición) las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.
 
En cuanto a la autorización, será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el Estado y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. 

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