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Regularización de migrantes: todo lo que necesitas saber, paso a paso

El proceso arranca el 16 de abril, podrá hacerse online o con cita previa y estará abierto hasta el 30 de junio; permitirá obtener permiso de residencia y trabajo durante un año.
Migranteen erregularizazioa - ES

El Gobierno de España ha aprobado un nuevo proceso de regularización extraordinaria dirigido a personas migrantes en situación irregular en España, una medida que podría beneficiar a cientos de miles de personas que ya residen en el Estado. El procedimiento entrará en vigor el 16 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio, con la posibilidad de presentar solicitudes tanto por vía telemática como presencial.

La vía online, disponible las 24 horas del día a través de la plataforma Mercurio, será la opción más ágil, mientras que quienes opten por acudir a una oficina deberán solicitar cita previa obligatoria y gratuita. La atención presencial comenzará el 20 de abril en oficinas habilitadas de la Seguridad Social, Correos y Extranjería, aunque el Ejecutivo de España ha advertido de que no todos los centros ni horarios estarán disponibles.

Requisitos para acceder a la regularización

Podrán acogerse a este proceso las personas migrantes que se encontraran en España antes del 1 de enero de 2026 y que hayan permanecido en el país al menos cinco meses de forma continuada. Además, será imprescindible carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público.

Junto a estos requisitos básicos, los solicitantes deberán acreditar al menos una de las siguientes certificaciones: haber trabajado en España, contar con vínculos familiares directos (como hijos menores o personas dependientes a cargo) o encontrarse en situación de vulnerabilidad, circunstancia que deberá certificarse oficialmente.

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Qué documentos hay que presentar

Para demostrar la estancia en España se admitirá una amplia variedad de documentos, tanto públicos como privados, siempre que sean verificables y estén fechados. Entre ellos figuran el empadronamiento (aunque no es obligatorio), facturas, informes médicos o contratos.

Uno de los aspectos clave del proceso será la comprobación de antecedentes penales, un requisito imprescindible que, según el Gobierno de España, se aplicará de forma estricta durante la tramitación de los expedientes.

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Cómo hacer la solicitud

El trámite podrá realizarse online mediante certificado digital, a través de representantes como abogados o gestores administrativos, o con el apoyo de entidades colaboradoras autorizadas.

En el caso de la vía presencial, será necesario pedir cita previa a partir del 16 de abril, ya sea por internet o a través del teléfono 060. Las oficinas de la Seguridad Social ofrecerán atención en horario de tarde, mientras que las sucursales de Correos tendrán un horario más amplio y las oficinas de Extranjería atenderán también principalmente por la tarde.

Dónde solicitarla

En Euskadi, las personas interesadas podrán realizar el trámite en oficinas de la Seguridad Social, Correos y algunas dependencias de Extranjería que se concretarán en la información oficial. Habrá puntos de atención en los cuatro territorios, aunque se recomienda consultar previamente qué oficinas están habilitadas para evitar desplazamientos innecesarios.

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Qué se obtiene con la regularización

Las personas que obtengan una resolución favorable recibirán una autorización para residir y trabajar en España con una duración inicial de un año. Además, se les asignará un número de afiliación a la Seguridad Social y tendrán acceso al sistema sanitario público.

En el caso de los menores, la autorización de residencia será de cinco años y podrá tramitarse de forma conjunta con la solicitud de la familia.

Transcurrido el primer año, los beneficiarios podrán integrarse en las vías ordinarias previstas en el reglamento de extranjería, lo que facilitará su incorporación progresiva al sistema.

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Un proceso con precedentes

Este será el séptimo proceso de regularización llevado a cabo en España. En los seis anteriores se regularizó la situación de cerca de 1,3 millones de personas. El Ejecutivo español defiende ahora esta medida como una herramienta necesaria para ordenar la realidad social, facilitar la integración y dar respuesta a las necesidades del mercado laboral.

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