¿Cómo se valorará el euskera en el empleo público con la nueva Ley?

La reforma de la Ley de Empleo Público que ha aprobado este jueves el Parlamento Vasco implica un cambio cualitativo notable en lo que respecta a la acreditación del conocimiento del euskera en la Administración. La clave fundamental no es tanto que vaya a aumentar el número de plazas en las que se demandará acreditar el conocimiento de euskera, sino que, a fin de garantizar seguridad jurídica, se modifica la fórmula que se venía utilizando desde hace décadas.

Este cambio apenas altera el texto legal, ya que únicamente exige modificar un artículo. Sin embargo, ese cambio dará lugar a un nuevo sistema para calcular el número de plazas en las que se demandaría conocimiento de euskera, dejando atrás la fórmula vigente durante décadas, y, asimismo, abre la puerta a que el conocimiento del idioma pueda acreditarse en determinados casos después de obtener la plaza.

La iniciativa ha sido impulsada por el PNV y saldrá adelante gracias a la abstención de EH Bildu. La coalición abertzale ha accedido a apoyar la propuesta jeltzale a cambio de que, en paralelo a la aprobación de la norma, se cree un grupo para evaluar si resulta eficaz o si, por el contrario, la demanda de euskera en la Administración es recurrentemente modificada en los tribunales. Este cambio legal, no en vano, ha venido motivado por una catarata de sentencias judiciales que han tumbado la demanda del euskera en el empleo público.

El objetivo es realizar un seguimiento durante un periodo de tres años, y, en caso de que la reforma no resulte eficaz, plantear una nueva modificación que, según ha señalado la coalición abertzale, se ajustaría a su propuesta, similar a los modelos vigentes en Galicia y Catalunya.

La fórmula vigente

Para entender el alcance del cambio legal hay que entender primero cómo se ha gestionado la demanda de acreditación de conocimiento de euskera en la Administración, basada en dos criterios fundamentales.

El primero es el índice de preceptividad, un porcentaje que establece cuántos puestos de trabajo deben tener asignado un perfil de euskera preceptivo en cada administración.

Ese índice se calcula, en cada administración (municipal, territorial o a nivel del conjunto de Euskadi), mediante una fórmula relacionada con el conocimiento del euskera entre la población. El cálculo se hacía en base a una fórmula matemática: la suma del porcentaje de euskaldunes y euskaldunes pasivos, dividiendo este último porcentaje entre dos.

Esta fórmula ha permitido que la demanda de acreditación de conocimiento euskera se ajustase a la realidad sociolingüística de cada lugar. Así, en un municipio netamente euskaldun como  Errezil, el índice de obligado cumplimiento se situaría en el 95 % (la suma del 93 % de vascohablante más la mitad del porcentaje de cuasi-vascohablantes, 4 %). En un municipio mayoritariamente castellanohablante como Oion, mientras, este índice ronda el 32 % (23 % de vascohablantes más la mitad del 19 % de vascohablantes pasivos). Este mismo índice se aplicaba a nivel territorial (un índice del 48 % en Bizkaia; 66 % en Gipuzkoa; y 41 % en Álava; y 53 % en Euskadi).

Asimismo, a la hora de decidir el nivel que se debe acreditar (B1, B2, C1…) se han tenido en cuenta las funciones inherentes al cargo, de manera que no se exige el mismo nivel a un trabajador municipal que no debe realizar tareas cualificadas que, por ejemplo, a otro que debe redactar informes técnicos.

El nuevo cálculo

La principal novedad de la reforma es que ese índice deja de funcionar como una referencia general y uniforme. La nueva redacción elimina la aplicación automática del actual índice de preceptividad y prevé que un futuro decreto establezca las bases para que cada administración pública determine su propio porcentaje de puestos con perfil obligatorio. En este nuevo decreto, no obstante, se seguirá teniendo en cuenta la realidad sociolingüística de cada Administración y las funciones inherentes al cargo.

A partir de ahora, serán los ayuntamientos, las diputaciones y el propio Gobierno Vasco quienes definan sus necesidades lingüísticas dentro del marco que establezca el futuro desarrollo reglamentario. El Ejecutivo vasco sostiene que este modelo permitirá adaptar mejor los perfiles a la realidad de cada administración y responder a las objeciones planteadas por los tribunales.

La reforma incorpora además una segunda novedad relevante en las ofertas públicas de empleo. Las administraciones podrán convocar plazas con una fecha de preceptividad diferida, lo que permitirá que determinados aspirantes accedan al puesto sin acreditar inicialmente el nivel de euskera exigido.

En esos casos, el funcionario dispondrá de un plazo posterior para obtener el perfil lingüístico requerido, con el compromiso de que la propia administración facilite los medios necesarios para alcanzar esa capacitación. El objetivo es flexibilizar el acceso al empleo público sin renunciar al cumplimiento posterior de las exigencias lingüísticas previstas para cada puesto.