Más de 64 000 personas migrantes solicitan la regularización extraordinaria en Hego Euskal Herria
Un total de 64 337 personas migrantes en situación administrativa irregular han solicitado acogerse al proceso de regularización extraordinaria en Hego Euskal Herria, según los datos definitivos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras el cierre del plazo el pasado 30 de junio. Por territorios, la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) ha registrado 49 451 peticiones, mientras que en Navarra la cifra asciende a 14 886 solicitudes.
Dentro de la CAV, el peso de la tramitación ha recaído mayoritariamente en Bizkaia, territorio que concentra más de la mitad de las solicitudes de la comunidad con 28 834 peticiones. Le siguen Gipuzkoa, con 12.063, y Álava, con 8.554.
Este proceso extraordinario, que se activó el pasado 16 de abril mediante un Real Decreto del Gobierno español, tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada en su día por más de 600 000 firmas. La medida ha permitido solicitar la residencia y el permiso de trabajo a aquellas personas que se encontraban en el país de forma irregular antes del 1 de enero y acumulaban un mínimo de cinco meses de residencia, además de a los solicitantes de asilo previos a esa fecha, siempre que carecieran de antecedentes penales.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha calificado el procedimiento de "verdadero hito" y "éxito colectivo", destacando que permitirá a cientos de miles de personas "afrontar el futuro con ilusión y derechos".
No obstante, el proceso de regularización concluye en Hego Euskal Herria condicionado por un giro judicial de última hora. Este pasado martes, coincidiendo con el cierre de las oficinas, el Tribunal Supremo propuso formalmente elevar el decreto regulador ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El alto tribunal español plantea serias dudas sobre si la medida vulnera el Pacto de Migración y Asilo comunitario. Esta intervención judicial abre un escenario de incertidumbre sobre la validez legal y el futuro de las más de 64 000 solicitudes tramitadas en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.
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