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Australia y Francia marcan el camino para la regulación de redes sociales a menores

Australia y Francia se convirtieron en los primeros países del mundo en limitar el acceso de adolescentes a las redes sociales, estableciendo precedentes que podrían inspirar al Gobierno español a adoptar una medida similar.
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Australia fue pionera al aprobar en 2025 una ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años, convirtiéndose en el primer país del mundo en implementar una restricción de este tipo. La normativa obliga a las plataformas a verificar la edad de los usuarios mediante documentos, inteligencia artificial o controles internos, y establece multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos para quienes no cumplan. La medida afecta a redes como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord y plataformas de ‘streaming’ como Twitch y Kick, mientras que aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Messenger quedaron fuera de la prohibición.

El Gobierno australiano justificó la ley por la presión creciente sobre los adolescentes en entornos digitales y los riesgos de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar. Miles de cuentas fueron bloqueadas o dadas de baja en los primeros días, principalmente en TikTok, y la medida continúa impactando a millones de menores en todo el país.

En Europa, Francia avanza hacia un proyecto de ley que limita el acceso de menores de 15 años a las redes sociales. Además de establecer la edad mínima, la normativa francesa obligará a los proveedores a proteger a los adolescentes de la presión comercial excesiva y prohíbe la promoción de productos o servicios que puedan afectar su salud física o mental. El presidente Emmanuel Macron defendió la iniciativa como un paso para proteger “las mentes de nuestros hijos” y aceleró su entrada en vigor para el próximo curso escolar.

Estas leyes muestran enfoques distintos: mientras Australia combina edad mínima y sanciones económicas muy elevadas para las plataformas, Francia añade medidas de seguridad frente a la presión comercial. Ambas experiencias han generado un precedente internacional y sitúan a España como posible tercer país en sumarse a esta tendencia de regulación digital para proteger a los menores.

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