El Parlamento Vasco rechaza instar al rey a que pida perdón a Gernika
Los grupos PSE-EE, PP y UPyD han impedido, por un voto de diferencia, la aprobación de una iniciativa de Aralar que buscaba un pronunciamiento del Parlamento Vasco a favor de que el rey reconozca el daño causado al pueblo de Gernika por el bombardeo de 1937.
El texto original de Aralar recogía la petición expresa de perdón por parte del rey, pero su proponente, Mikel Basabe, ha negociado un texto transaccional con el PNV y con Ezker Anitza-IU y ha accedido a modificar la petición y a solicitar "un reconocimiento del daño causado".
Sin embargo, este gesto de Aralar no ha sido suficiente para concitar un consenso más amplio y los 34 votos de PNV, Aralar y de Ezker Anitza-IU han sido insuficientes frente a los 35 de PSE-EE, PP y UPyD.
La ausencia de un parlamentario de Aralar, Dani Maeztu, que está participando en unas jornadas sobre el fracking en Vitoria-Gasteiz, ha impedido que se produjera un empate, lo que habría obligado a trasladar la votación a otro pleno.
Mikel Basabe ha recordado que este jueves se cumplen 75 años del bombardeo de Gernika y ha advertido de que mientras Alemania ya pidió perdón por aquel bombardeo, "España todavía no lo ha hecho".
El parlamentario de Aralar ha negado que pretendan desprestigiar a la Monarquía "porque ya lo hace sola" y ha preguntado a los socialistas si ven bien que el rey pida perdón "a los elefantes", tras su viaje de caza mayor a África, y no al pueblo de Gernika.
Pilar Pérez Fuentes (PSE-EE) ha dicho que una cosa es que sea deseable que el rey pida disculpas y a ella le parecería bien que así hubiera ocurrido pero ha advertido de que no le parece adecuado que se lo pida el Parlamento Vasco.
Antonio Damborenea (PP) ha criticado la contradicción de Aralar, que "no reconoce la legitimidad" de la Monarquía pero al mismo tiempo le exige que pida perdón.
Mantener viva la memoria
Tras decaer la enmienda original, PSE-EE, PP y UPyD han aprobado una enmienda transaccional en la que el Parlamento Vasco apuesta por mantener viva la memoria colectiva, que debería ser compartida por el conjunto de las instituciones, "incluyendo al Gobierno de España y las Cortes Generales".
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