Denuncian que la sentencia contra ANV es 'política'

El exsecretario de ANV, Antxon Gómez, ha afirmado que la reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que confirmó la ilegalización de la formación abertzale, es "fundamentalmente política" y ha precisado que se decidirá en próximas semanas si se continúa con "la batalla legal" y se recurre la resolución.

En rueda de prensa en Bilbao, Gómez, acompañado de otros exmilitantes de ANV, ha criticado que la sentencia, hecha pública el pasado día 15, ha primado "la razón de estado y las presiones" de España y ha considerado que el argumento de que el partido es "una amenaza" para la "democracia española y la convivencia social en Euskal Herria" es "un verdadero disparate" para "cualquier persona que conozca la realidad de este país".

De este modo, ha censurado que se trata de "una sentencia fundamentalmente política", con la que "queda otra vez claro que la ley de Partidos sigue vigente en contra de los derechos de esta sociedad y de las ganas de normalidad política".

A su entender, esta legislación continúa siendo "una amenaza no sólo en Euskal Herria", sino que "ahora también se está agitando como un espantajo contra partidos independentistas en Cataluña e incluso frente a una izquierda anticapitalista en el Estado".

En cualquier caso, se ha mostrado convencido de que ANV "volverá a ser legal", pero "en un Estado vasco independiente" porque "sólo la independencia y un Estado propio traerá a los vascos la garantía de nuestros derechos nacionales, civiles, sociales y políticos", que "son pisoteados una y otra vez por parte del Estado español".

"En este caso, con la aquiescencia de unos tribunales europeos que no tienen ningún problema en avalar formaciones neonazis y fascistas como perfectamente legales y, en cambio, avalan la ilegalización de un partido político con una larga trayectoria de lucha democrática, incluso fuera de Euskal Herria, combatiendo a los nazis en la resistencia francesa", ha manifestado.

Finalmente, el exsecretario de ANV ha lamentado que, debido a la Ley de Partidos, "en 2013 en el corazón de Europa --que ella misma se ha dado el Premio Nóbel de los derechos humanos a sí misma-- se pueda mantener una situación de 40.000 personas que no tienen abierto ningún sumario legal y que no están inhabilitadas, pero no pueden juntarse y formar una lista electoral, al albur de los intereses políticos concretos del gobierno de turno del Estado español".