Interpol pide arrestar a 20 imputados por crímenes franquistas

La sección argentina de Interpol ha solicitado a Madrid la detención preventiva con fines de extradición de los últimos 20 acusados por la justicia argentina en la causa por los crímenes del franquismo, entre los que figuran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina. La orden también incluye al recientemente fallecido Antonio Barrera de Irimo, por lo que la lista final se reduce a 19 acusados.

De todos modos, la Policía Nacional no llevará a cabo las detenciones, al acogerse a una resolución de 2010 sobre genocidio y crímenes de guerra.

Interpol Argentina también reclama los datos de identificación de los acusados, como requisito "indispensable" previo a la emisión de una orden de "captura internacional en forma completa", según reza el comunicado de Interpol Argentina enviado a la jueza de la causa, María Servini de Cubría.

Dicha petición se produce "para evitar posibles confusiones por razones de homonimia", antes de hacer extensiva la medida a la totalidad de los países miembros de Interpol.

Las órdenes de detención han sido dictadas a raíz del auto emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de Buenos Aires el pasado 30 de octubre, en el que solicitaba la detención de 20 acusados, según aclararon desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua).

La Justicia argentina pidió la extradición de Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976 y que había ocupado previamente cargos de responsabilidad en el régimen franquista, por responsabilidades en la muerte en Vitoria-Gasteiz, en marzo de 1976, de cinco trabajadores en una acción policial.

A José Utrera Molina, ministro de la Vivienda en 1973 y ministro secretario general del Movimiento (1974-75), se le responsabiliza de la pena de muerte aplicada al anarquista Salvador Puig Antich, último ajusticiado con garrote vil en España (1974).

La detención de Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, fue solicitada por su presunta responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista en septiembre de 1975 (dos miembros de ETA y tres del FRAP -Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico-).

Figuran también Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).

Además, la orden incluye al excapitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar y siete expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter.

Los últimos reclamados por la Justicia argentina son Carlos Rey González, que fue miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, los antiguos jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer.

Catalá cree que la AN denegará la entrega

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha vaticinado que la Audiencia Nacional denegará la extradición a Argentina de la veintena de investigados alegando la prescripción de los hechos y recordando la Ley de Amnistía de 1977.

Así ha respondido al ser preguntado en los pasillos del Congreso por la orden de Interpol. El ministro ha dicho desconocer el detalle de esa comunicación, pero sí ha considerado que la Audiencia Nacional dictará una resolución "muy equivalente" a la que emitió por "hechos similares" en el caso del exinspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, capitán Muñecas, cuando rechazó su extradición.

"Hay que estudiar esa orden de Interpol, pero por los antecedentes que tenemos de la Audiencia Nacional por hechos similares de los que ahora hemos tenido conocimiento a través de la prensa, yo creo que la resolución será muy equivalente a la que hubo anteriormente, que es denegar la entrega porque son delitos prescritos en España y hay una Ley de Amnistía", ha respondido.

Catalá ha destacado que esta norma, aprobada por unanimidad en 1977, "intentó superar una etapa trágica de nuestra historia". "Pero totalmente superada", ha enfatizado.

La Policía Nacional no hará las detenciones

En este contexto, la Policía Nacional no procederá a detener a la veintena de personas que reclama la Justicia argentina. La razón es que Interpol España ha alegado ante su Secretaría General con sede en Lyon una resolución aprobada por este organismo en 2010 y que afecta a la cooperación en el caso de solicitudes relacionadas con los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Se trata de la AG-2010-RES-10, que establece seguir cooperando "en solicitudes presentadas por los países miembros, salvo en el caso de que la solicitud se refiera a un ciudadano de otro país miembro, y este otro país miembro, al ser informado por la Secretaría General de la solicitud, proteste contra esta en el plazo de treinta días".

En aquella resolución, los países integrantes de Interpol se manifestaban "preocupados" por "el aumento del número de solicitudes presentadas por conducto de Interpol sobre casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que plantean dudas" así como "por la proliferación de litigios entre países miembros acerca del tratamiento de tales solicitudes".

Fue el pasado 4 de noviembre cuando la sección de Interpol radicada en Argentina cursó una comunicación "muy urgente" a su oficina de Interpol Madrid solicitando la detención preventiva con fines de extradición de las veinte personas investigadas por la jueza María Servini. No obstante, Interpol España alegó la citada resolución ante la Secretaria General por lo que a la petición de Argentina no se le ha aplicado el distintivo rojo que implicaría para ellos la situación de personas buscadas internacionalmente con una orden de arresto. La aplicación de ese distintivo es competencia exclusiva de la Secretaría General de Interpol que, según las fuentes consultadas, ha decidido aceptar las reclamaciones de su oficina en España.

Esta es la forma de actuar de Interpol que cuenta con otra serie de distintivos para otras cuestiones: amarilla (niños desaparecidos), negra (cadáveres sin identificar), verde (averiguaciones de paradero).

Las víctimas denuncian la artimaña del Gobierno español

En ese sentido, el abogado Carlos Slepoy, uno de los impulsores de querella investigada en Argentina por crímenes cometidos durante el franquismo, ha denunciado la artimaña llevada a cabo por el Gobierno de España para no hacer las detenciones y "proteger" a estos "criminales".

"El Gobierno español está protegiendo a esta gente", ha criticado Slepoy, para advertir de que la actuación de la oficina Interpol España significa la "impunidad" de estos delitos. "Nos parece vergonzoso que de forma tan descarada se proteja a estos criminales", ha añadido.

Con todo, el abogado ha afirmado que todavía queda abierta la posibilidad de que la jueza argentina pida la extradición, lo cual obligaría a pronunciarse al Consejo de Ministros.