El TS retrasa al 13 de enero la decisión sobre las excarcelaciones
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no ha adoptado finalmente este martes ningún criterio general sobre cómo debe aplicarse la normativa europea que permitiría restar a los presos el tiempo transcurrido en prisiones de otros países de la Unión Europea.
El pleno iba a tratar este martes la posible excarcelación del exmiembro de ETA Kepa Pikabea en aplicación de una norma europea de 2008 sobre acumulación de condenas y si su decisión era extensiva a otros reclusos, pero finalmente ha acordado volverse a reunir el 13 de enero tras escuchar antes a la Fiscalía y su defensa.
Esto es porque Pikabea pidió que se le aplicara la decisión marco europea antes de que el Congreso de los Diputados la incluyera en la legislación estatal, cosa que hizo mediante una ley orgánica aprobada el pasado noviembre y que limitaba la acumulación de penas a las condenas dictadas a partir del 15 de agosto de 2013.
El aplazamiento del debate sobre el fondo de la cuestión se produce después de más de cinco horas de intensas deliberaciones, de carácter muy técnico.
Las decisión que se adopte finalmente ha despertado mucho interés porque podría afectar a más de medio centenar de presos de ETA que han cumplido parte de su condena en otros estados de la Unión Europea y cuyos recursos todavía no han llegado al alto tribunal.
Entre ellos están los recientemente excarcelados por la Audiencia Nacional Santiago Arrospide Sarasola y Alberto Plazaola Anduaga. En estos casos se acordó la acumulación de las penas un día antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2014, y fueron excarcelados un día después
De este modo, tanto Arrospide como Plazaola vieron descontadas de las penas a las que fueron condenados inicialmente los periodos de reclusión que cumplieron en cárceles francesas. Se da la circunstancia de que otras secciones de la misma Audiencia Nacional resolvieron en contra de excarcelar a otros presos en la misma situación.
La Audiencia Nacional acordó las citadas excarcelaciones a pesar de que la Fiscalía ya había anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo el nuevo cómputo de penas en cumplimiento de una Disposición Adicional Unica de la ley, cuya aplicación hubiera evitado las salidas de prisión.
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