La Audiencia Nacional deniega el acercamiento a 30 presos de ETA

La Audiencia Nacional ha denegado el acercamiento de 30 presos de ETA a prisiones próximas a Euskal Herria, al considerar que sólo es competente para adoptar una medida de estas características si se produce "una clara vulneración de los derechos fundamentales y penitenciarios" de los internos "susceptible de ser corregida por la vía del traslado de centro penitenciario".

Así consta en una treintena de autos dictados por el titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, en los que rechaza las peticiones formuladas por las defensas de los presos argumentando que "la competencia exclusiva para decidir sobre el destino o traslado de los internos en los diferentes centros penitenciarios está residenciada en la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias".

El magistrado señala que los reclusos pueden formular sus recursos por la vía administrativa y, una vez agotada ésta, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

En este sentido, apunta que no consta que los afectados hayan visto vulnerados su derecho a las comunicaciones y visitas, defensa y asesoramiento jurídico, asistencia médica y derecho a la cultura y a la educación.

Esta decisión afecta, entre otros, a los históricos miembros de ETA Francisco Múgica Garmendia 'Pakito' y José Javier Arizkuren, 'Kantauri'. También a Henri Parot, Felipe San Epifanio, y Xabier Alegría.

La magistrado María de los Reyes Jimeno, que aún tiene pendiente dictar resolución sobre otros 30 recursos de presos que han pedido lo mismo, recuerda en los autos que el juez de vigilancia no decide sobre los traslados ni destinos, competencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pero sí tiene la función de velar por los derechos de los presos.

Recurso

Los abogados que están tramitando las solicitudes han anunciado que interpondrán los correspondientes recursos.

En un comunicado remitido por el despacho navarro Zugarrondo Abokatuak, al frente del que se encuentran Amaia Izko y Jaione Carrera, la defensa de los reclusos muestran su "más absoluto desacuerdo" con las resoluciones.

Han denunciado "la situación de indefensión y perjuicio" que conllevan "las constantes filtraciones" de las resoluciones judiciales y han lamentado que "se facilitan los autos" a los medios de comunicación "incluso con anterioridad" a que se hayan notificado a los abogados y a "los propios perjudicados".

Gobierno español

El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, ha considerado que la terminación de la política penitenciaria de dispersión está "en manos de ETA y de sus presos", ya que, ha dicho, se va a seguir aplicando mientras ETA no se disuelva definitivamente.

Así lo ha manifestado a los periodistas el ministro en la localidad navarra de Buñuel tras mostrar su satisfacción por la decisión de la Audiencia Nacional de denegar el traslado a cárceles de Euskal Herria a una treintena de presos.

El ministro ha precisado al respecto que, además de la Audiencia Nacional, también el Consejo de Europa ha dictaminado que dicha política penitenciaria era conforme al convenio europeo de Derechos Humanos", sin vulnerarlo "en absoluto".

La política de dispersión, ha agregado, "tiene su mayor aliado en ETA, porque, si ETA desapareciera, si anunciara su disolución, la política de dispersión no la tendríamos que aplicar con carácter general".

Por tanto, ha concluido, "ya sabe ETA lo que tiene que hacer y sus presos, también".

Etxerat

Por su parte, la asociación de familiares de presos vascos Etxerat ha insistido en que, contra el criterio expresado hoy por la Audiencia Nacional, la dispersión de los reclusos "vulnera derechos fundamentales" tanto de los internos como de sus allegados.

Para Etxerat, "negar que la dispersión genera un dolor añadido y castiga a los presos así como a sus familiares y amigos no responde a la realidad, sino a otros intereses".

EH Bildu

EH Bildu ha mostrado hoy su rechazo a la decisión y ha acusado al Juzgado de actuar con "absoluta irresponsabilidad y cobardía".

En una nota de prensa, la coalición soberanista ha afirmado que le corresponde a ese juzgado garantizar el respeto de los derechos de los presos y que sin embargo se ha constatado "otra vez" que ese tribunal se ha "diseñado para ver cómo vulnerar mejor" los mismos.