El Parlamento ve obstáculos de Madrid a la querella por el franquismo
El Parlamento Vasco ha denunciado hoy la actitud "dilatoria y obstruccionista" del Gobierno español hacia la causa abierta por la justicia argentina contra los crímenes del franquismo y le ha instado a asumir con "total diligencia" la normativa internacional sobre derechos humanos.
La iniciativa ha salido adelante con los votos de su promotores, PNV, EH Bildu y PSE-EE, con la abstención de UPyD y con el rechazo del PP, partido que ha defendido que el Ejecutivo de Mariano Rajoy actúa acorde con la Ley de Amnistía de 1976.
En la querella argentina contra los crímenes del franquismo que dirige la jueza María Servini están imputadas 19 personas, entre otros, el exministro de Relaciones Sindicales Rodolfo Martín Villa, por la muerte el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz de cinco trabajadores por una carga policial.
En el texto aprobado, el Parlamento rechaza la postura "obstruccionista y dilatoria" del Gobierno español con esta causa, ya que no ha atendido al auto emitido en 2014 por Servini en el que ordenaba la detención de los acusados, ni al exhorto enviado este año para que los imputados declarasen ante la jueza en España.
Asimismo, la Cámara se ha solidarizado con las víctimas del golpe militar y de la dictadura franquista y ha emplazado al Gobierno central a respetar y asumir con "total diligencia" la normativa internacional sobre derechos humanos, en la que se ha basado Servini para dirigir la querella.
Iñigo Iturrate (PNV) ha criticado que el Estado apele a la Ley de Amnistía de 1976 para no abordar la reparación de las víctimas de la dictadura y ha advertido de que "tapar la verdad" provoca "espejismos" porque "los duelos que no acaban bien siempre acaban saliendo".
Desde EH Bildu, Julen Arzuaga ha criticado también que "el Estado se parapeta tras una ley de punto y final", en referencia a la Ley de Amnistía para impedir que se investiguen "crímenes de lesa humanidad".
El parlamentario del PSE-EE Mikel Unzalu ha defendido que la legislación internacional debe prevalecer sobre la española, lo que supone que el Gobierno central debe, a su juicio, colaborar con la magistrada argentina.
Desde el PP, Carmelo Barrio ha subrayado que el Gobierno central actúa conforme a la Ley de Amnistía, por lo que ha dejado claro que su partido no puede apoyar que se denuncie a este ejecutivo por "cumplir la ley".
Por último, Gorka Maneiro (UPyD) ha condenado el franquismo, pero ha criticado a "quienes alimentan rencores por intereses partidistas".
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