El Gobierno español pide al TC que abra la vía penal contra Forcadell
El Gobierno español ha abierto este viernes la puerta a la posibilidad de que la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, tenga que hacer frente a responsabilidades penales por tramitar la resolución sobre la "desconexión" de Cataluña que aprobó el Parlament el pasado miércoles, al pedir al Tribunal Constitucional que remita a la Fiscalía las "vulneraciones" que ha cometido de sus resoluciones.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, después de la reunión del Consejo de Ministros. Se trata de una de las medidas incluidas dentro del incidente de ejecución de sentencia presentado ante el Constitucional contra la resolución del Parlament, que pide además que sea declarada nula y suspendida de forma inmediata.
A juicio del Gobierno español, siguiendo con el informe elaborado por la Abogacía del Estado, Forcadell desobedeció una sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2015 al incluir en el orden del día del Pleno del Parlament la votación de la resolución de "desconexión", que había sido declarada inconstitucional y nula.
Por otra parte, el incidente de ejecución de sentencia interpuesto por la Abogacía del Estado también pide al TC que emplace a una serie de responsables públicos catalanes que se abstengan de realizar cualquier actuación que pueda incumplir sus sentencias y avanzar en la resolución de "desconexión".
Y les avise de que, en caso de desobedecer, podrían tener que hacer frente a multas entre los 3.000 y los 30.000 euros, la suspensión de sus funciones durante el tiempo necesario para garantizar la "observancia" de las resoluciones del Tribunal Constitucional o la apertura de posibles responsabilidades penales.
Este aviso se realiza de nuevo a Forcadell, al resto de miembros de la Mesa del Parlament, al secretario general de la Cámara, al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a los demás componentes del Ejecutivo catalán.
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