La Fiscalía trata de demostrar que hubo presiones para ceder colegios

Una quincena de testigos han declarado este martes en el juicio que se desarrolla en el TSJC contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas y las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega por el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014.

El primer testigo en comparecer ha sido el inspector de Educación, Josep Rafael A.D., adscrito al área de Barcelona-Comarcas, que ha denunciado que la Generalitat "presionó" a directores de instituto para que cedieran los centros para la votación, ante lo que recomendó a las dos escuelas bajo su competencia que no entregaran las llaves sin una orden por escrito.

El inspector ha asegurado que la directora del instituto Pompeu Fabra de Badalona (Barcelona), Josefa Bosch, se resistía a entregar las llaves del centro para la consulta ya que no recibía ninguna directriz por escrito. Ante esta situación, según el testigo, la directora recibió "presiones", con llamadas de los responsables de Enseñanza para que les entregara las llaves.

La directora del instituto de Badalona niega presiones

Sin embargo, la directora del instituto de Badalona, Josefa Bosch, ha negado haberse sentido presionada o coaccionada para ceder el edificio para la consulta por parte de la directora de los Servicios Territoriales de la Conselleria de Enseñanza en Barcelona Comarques en una reunión con directores de esa zona para informarles de que sus centros iban a ser sedes del 9N.

Bosch ha dicho que en esa reunión del 16 de octubre de 2014 "en absoluto" sintió presión o coacción para ceder el centro. Según Bosch, en la reunión se les dijo que los institutos iban a ser sede del 9N, y se les pidió si querían colaborar o podían saber si los profesores estaban dispuestos a participar como voluntarios, y entonces ella pidió que les indicaran por escrito cómo se debía hacer.

Otro inspector dice que les instaron ceder los centros

Otro inspector Conselleria de Enseñanza, Jesus Rul, ha declarado que el inspector jefe les instó en una reunión el 21 de octubre de 2014 a no intervenir ante la petición de la Dirección de Servicios Territoriales de Barcelona Comarcas de la Conselleria de Enseñanza a los directores de institutos para que cedieran los centros para el proceso participativo.

Rul ha explicado que le "inquietó" que los Servicios Territoriales pidieran a los directores que cedieran los centros oralmente y no por escrito.

Por eso, escribió sendas cartas a los directores de su zona de inspección para asesorarles sobre cómo actuar ante esta petición de la directora territorial, recomendando que pidieran las instrucciones por escrito y recordando que los directores deben cumplir la legalidad.

Actualización de la web

También ha declarado como testigo el máximo responsable de la web del proceso participativo del 9N sobre, Joan Cañada, quién ha asegurado que no introdujeron más contenidos en esta página una vez que el Tribunal Constitucional suspendió la consulta el 4 de noviembre de 2014.

En su declaración, ha explicado que informó a la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega -acusada en la causa-, de la "imposibilidad" de hacer desaparecer la web, que todavía hoy se puede encontrar en Internet.

"Por lo que a mí me consta, no se introdujo otro dato en la web después del día 4. Que pasara por mí no se introdujo ningún contenido", según Cañada, a quien Ortega había encargado el diseño y coordinación de la consulta.

Sin embargo, el fiscal sostiene que la web se mantuvo activa tras la suspensión y que Ortega "en ningún momento ordenó desactivar" los vínculos a la página y ni siquiera retirar los logotipos de la Generalitat, hasta llegar a publicarse en la misma los resultados de la consulta.

La Fiscalía trata de demostrar que el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, y las entonces conselleras Joana Ortega e Irene Rigau continuaron con los preparativos de la consulta tras la suspensión y que no lo dejaron en manos de los voluntarios, como los acusados sí sostienen.

Homs y Trias, el miércoles

Este miércoles, 8 de febrero, están citados a petición de las defensas el exconsejero de Presidencia Francesc Homs, los expresidentes del Parlament Núria de Gispert y Joan Rigol, y el exalcalde de Barcelona Xavier Trias.

También comparecerán el director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer; el alcalde de Premià de Mar (Barcelona) y presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, y los catedráticos de Derecho Constitucional Enoch Alberti y Joan Vintró.

El día siguiente, 9 de febrero, pasarán por el tribunal citadas como testigos la secretaria de Administración y Función Pública, Meritxell Masó, y la exdiputada de ERC en el Parlament Gemma Calvet, entre otros.

El juicio previsiblemente concluirá el 10 de febrero con la prueba documental y los informes.