JxSí y la CUP aprobarán la Ley de Transitoriedad antes del 1 de octubre

Junts pel Sí y la CUP aprobarán antes del referéndum del 1 de octubre la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, la principal de las llamadas leyes de desconexión, prevista para, en caso de que ganara el 'sí' a la independencia, crear un marco legal alternativo al español.

Según han explicado ambas formaciones en una rueda de prensa en el Parlament, la ley pretende dar la cobertura y el marco jurídico del periodo inmediatamente posterior a esa eventual victoria del 'sí', por lo que entraría en vigor entre el 2 de octubre y unas elecciones constituyentes, tras las cuales se aprobaría una "constitución catalana".

Así, JxSí y la CUP buscan dar con esta ley "la seguridad jurídica que queremos que haya en todo momento en este proceso y la transparencia, pues faltan 35 días para votar y con un periodo suficientemente largo de tiempo el ciudadano conocerá cuáles son las consecuencias de su voto, sea 'sí' o 'no'", ha afirmado el presidente del grupo de Junts pel Sí, Lluís Corominas.

La proposición de ley para la desconexión con el Estado cuenta con 89 artículos y tres disposiciones finales, una de ellas de suspensión, de manera que tras su aprobación la ley no entraría en vigor a no ser que gane el 'sí' a la independencia en el referéndum previsto para el 1-O.

Corominas ha recalcado que esta ley de "ruptura" otorga un carácter "vinculante" al referéndum soberanista, al tiempo que proporciona un "marco jurídico claro" y establece los pasos a seguir en el supuesto de una victoria del 'sí': "Lo que queremos es dar transparencia", ha dicho el presidente de Junts pel Sí.

Lluís Corominas, en el centro, durante la rueda de prensa. Foto: EFE

Detalles de la ley

La proposición de ley prevé amnistiar a los condenados o investigados por el proceso soberanista, además de que el presidente de la Generalitat sea el jefe de Estado, y permitiría a los ciudadanos mantener la doble nacionalidad española.

Además, la ley señala que el Ejército debería abandonar Cataluña, que se constituiría en "una República de Derecho, democrática y social", cuya "soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña".

También se explicitan los requisitos para tener la nacionalidad catalana y que ello "no exige la renuncia de la nacionalidad española ni de cualquier otra", además de que "el Govern promoverá, en el tiempo más breve posible, negociaciones con el Estado español para celebrar un tratado en materia de nacionalidad".

Se reconocería, por otro lado, el derecho a percibir prestaciones sociales públicas, y se reconocerían los periodos de cotización en Seguridad Social; la Generalitat sería la única "autoridad" tributaria, y desaparecería la potestad de la Agencia Tributaria en Cataluña; la asunción de la deuda se dejaría a la eventual fase de negociación con el Estado.

En derechos lingüísticos, "todas las personas tendrán derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas y ejercer el derecho de opción en relación a catalán, castellano y occitano".

El Ejército español debería dejar de tener jurisdicción en el territorio catalán y debería abandonar Cataluña, mientras que la Generalitat pasaría a ser autoridad aduanera; en cambio, no se explicita si una Cataluña independiente tendrá ejército, algo que JxSí y CUP dejan para el debate constituyente.

García Albiol y Arrimadas, convencidos de que no entrará en vigor

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha asegurado que la suspensión de la autonomía aplicando el artículo 155 de la Constitución es una opción válida para frenar el "golpe de estado" que cree que están perpetrando los independentistas en Cataluña.

Ha considerado que la presentación de esta norma se ha hecho para "tapar la vergüenza del comportamiento de los independentistas en la manifestación del sábado", ya que cree que utilizaron la manifestación contra los atentados para reclamar la independencia y mostrar su rechazo a España y al rey.

También se ha mostrado convencido de que la ley no entrará en vigor porque "el Gobierno no permitirá que en Catalunya se violente la democracia y el estado de derecho", y porque cree que el Tribunal Constitucional (TC) la suspenderá.

En esa misma línea de ha expresado la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, quien ha avisado de que la ley del referéndum del 1 de octubre y la de transitoriedad jurídica "no entrarán en vigor, porque serán suspendidas por el Tribunal Constitucional" (TC).

Arrimadas cree que "se acerca el fin del 'procesismo' y ya se empieza a hablar de elecciones", y ha asegurado que cada vez son más evidentes las discrepancias entre los propios miembros de JxSí, así como entre ellos y la CUP.