Referéndum en Cataluña
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El Supremo mantiene la obligación de informar sobre los gastos en Cataluña

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Generalitat de suspender cautelarmente la obligación impuesta por el Gobierno central de informarle de sus gastos.
Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en un acto a favor del referéndum el 1 de octubre. EFE.

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Generalitat catalana de que suspenda cautelarmente la obligación que le ha impuesto el Gobierno central de informarle de sus gastos, una medida para controlar que no destina dinero al referéndum de independencia.

El Gobierno impuso a la Generalitat la necesidad de enviar dichos informes para que ésta certificara por escrito que no destina partidas presupuestas a la convocatoria del 1 de octubre.

El ejecutivo catalán recurrió ante el alto tribunal y, como medida cautelar en tanto no resuelve el fondo del recurso, pidió que provisionalmente el Supremo suspendiera la obligación de informar semanalmente.

El Supremo, que tiene competencia sobre el tema por tratarse de un acuerdo administrativo y no de una ley, se ha negado a aceptar la petición del ejecutivo catalán.

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, envió ayer una carta al ministerio de Hacienda en la que informaba de que la Generalitat dejará de enviar informes semanales sobre sus gastos y sólo hará el mensual, con lo que no remitirá ninguna información más hasta pasado el 1 de octubre.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtió ayer por carta a Junqueras de que si no remite la información que se le exige sobre los gastos de la Generalitat el Gobierno "adoptará las medidas necesarias" para que cumpla con la legislación vigente.

En ese sentido, la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo es clara al mantener la vigencia de la obligación de informar semanalmente para la Generalitat.

Mientras, el Consejo de Ministros, en respuesta al anuncio de la Generalitat, adoptará hoy nuevas medidas para garantizar que el dinero público de los catalanes no se destine a la celebración del referéndum que pretenden los independentistas.

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