Referéndum en Cataluña
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Según el Govern, la Justicia ha suspendido la intervención de sus cuentas

Junqueras ha anunciado que contactará con las entidades financieras "por vía administrativa y notarial" para transmitir "normalidad".
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, junto al presidente Puigdemont. Foto: EFE

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha explicado hoy que la Generalitat seguirá actuando con normalidad respecto a la gestión de sus cuentas, ya que considera que la intervención prevista por el Ejecutivo central ha sido suspendida por los tribunales.

Junqueras ha anunciado, además, que contactará con las entidades financieras "por vía administrativa y notarial" para transmitir "normalidad".

El Gobierno central acordó el pasado viernes asumir el control de los gastos esenciales de Cataluña, después de que la Generalitat se negara a seguir remitiendo un informe semanal de sus gastos al Ministerio de Hacienda para verificar que no derivaba recursos públicos al referéndum que quiere celebrar el 1 de octubre.

Plazo de 10 días

En respuesta a esta medida, el Govern presentó ayer un recurso contencioso ante el Supremo, que incluía una petición de suspensión de la aplicación de este acuerdo, es decir, de medidas cautelares, pero fuentes del tribunal han recordado que ese trámite obliga a dar traslado a las partes para que presenten alegaciones y que, en el caso de la parte demandada -la Abogacía del Estado-, ese plazo es de diez días, por lo que no se suspende la intervención.

Sin embargo, tras la reunión de hoy del Govern, Junqueras ha alegado de forma reiterada que la admisión a trámite del recurso ya tiene "efectos suspensivos" sobre el acuerdo adoptado por el Ejecutivo central, por lo que la Generalitat seguirá actuando con "normalidad" en relación con la gestión de sus cuentas.

Junqueras ha asegurado que hay "jurisprudencia" del Supremo que sostiene la tesis del Govern, pese a que desde el tribunal remarcan que la presentación del recurso de la Generalitat no conlleva la suspensión automática del acuerdo recurrido, sino que la ley da 10 días a la Abogacía del Estado para que informe sobre esa petición de suspensión cautelar.

El Gobierno del Estado, ha advertido Junqueras, "no puede exigir a un tercero que actúe fuera de la ley" y "deje de cumplir con las funciones que le tocan" para favorecer sus "objetivos políticos", y así se lo harán saber a las entidades financieras.

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