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Un juez abre investigación por las cargas que 'afectaron a la convivencia'

Un juez de Barcelona ha abierto una investigación por las cargas policiales del domingo para determinar si hubo una actuación desproporcionada.
Agentes de Policía el domingo 1-O. EiTB.

Un juez de Barcelona ha abierto una investigación por las cargas policiales del domingo tras admitir a trámite una denuncia del Govern de la Generalitat contra la operación desplegada por los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el domingo el referéndum de independencia.

El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, Francisco Miralles, ha rechazado los argumentos del fiscal, que pidió investigar sólo los hechos de un colegio: "Afectación de la normal convivencia la hubo, toda vez que existieron disturbios y lesionados en al menos 17 lugares distintos de la ciudad en una misma mañana".

El juez no avala, por tanto, la versión de la Fiscalía (que en su escrito aseguró que la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional no había afectado a la normal convivencia) y considera que la investigación deberá determinar si se alteró la convivencia por culpa de los agentes, de los manifestantes o por una combinación de ambos.

Según el auto, hasta el martes el juez recibió un total de 99 partes de lesiones y denuncias de diferentes personas que se encontraban en el lugar de los hechos y dicen haber sido agredidas por los agentes.

El juez considera evidente que la investigación no puede limitarse a un centro de votación sino a todos "para determinar, con la claridad que sea posible, cómo se desarrollaron los acontecimientos y cuál fue la concreta actuación de los agentes y los ciudadanos que allí se encontraban".

Por todo ello, el juez ha abierto una treintena de piezas separadas desde la que se irá llamando a lesionados, investigados y testigos que corresponda.

"Si es cierto que los agentes del CNP se encontraban en el desarrollo de sus funciones y cumpliendo un mandato judicial, no debe evitarse el análisis de lo ocurrido para comprobar o descartar la proporcionalidad en el uso de la fuerza", concluye el juez.

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