La juez Lamela envía a prisión sin fianza a los líderes de ANC y Òmnium

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió ayer, lunes, a prisión sin fianza por "sedición" al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, por "promover" las protestas contra la Guardia Civil el 20 y 21 de septiembre durante una operación para impedir el 1-O.

Sánchez y Cuixart, a los que la juez acusa de promover las concentraciones frente a la sede de la Consejería de Economía durante un registro de la Guardia Civil, son los únicos de los cuatro investigados por sedición en relación a esa protesta que ingresan en prisión por estos hechos tras reclamarlo la Fiscalía.

La jueza considera a Sánchez y Crusat los "principales promotores y directores" de las protestas de los días 20 y 21 de septiembre, "apelando a la resistencia" con el fin de "impedir la aplicación de la ley".

"Cobra especial importancia el papel que los dos investigados tuvieron en los hechos, participando activamente en la convocatoria de las concentraciones, alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados", señala la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 en el auto de prisión.

Para decretar la prisión, Lamela aprecia en el auto riesgo de reiteración delictiva, "ya que viene operando dentro de un grupo organizado de personas", y también observa "alta probabilidad" de que los investigados puedan ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba.

Además de los hechos del 20 de septiembre, Lamela destaca también que las mismas cuentas de WhatsApp utilizadas para promover las protestas frente a la Consejería, también se usaron el 1-O y desde ellas "realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales".

Con respecto a los hechos del 20 de septiembre, la magistrada relata cómo desde estas entidades se lanzaron mensajes en las redes sociales no para participar en una manifestación pacífica, sino para la "protección" de sus gobernantes con consignas como "parar a la Guardia Civil".

"Todos estos hechos de carácter objetivo ponen de manifiesto (...) que la actuación de ambos investigados, apelando a la resistencia, estaba orientada a impedir la aplicación de la Ley y de las resoluciones", destaca el auto.

Con ello, según la juez, pretendían "impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución".

También recoge el llamamiento de Sánchez a los congregados frente a la Consejería de Economía: "Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa".

Trapero, en libertad con medidas cautelares

Por el contrario, Lamela dejó en libertad con medidas cautelares al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, con comparecencias quincenales, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España, después de que la Fiscalía hubiera pedido prisión incondicional, según fuentes jurídicas.

La Fiscalía solicitó prisión incondicional para el mayor de los Mossos después de estar casi dos horas declarando ante la juez, según fuentes jurídicas.

Lamela considera que la actuación de Trapero en los hechos del pasado 20 y 21 de septiembre en Barcelona "no aparece lo suficientemente perfilada" hasta el punto de vincularle directamente con los incidentes, según explica en el auto.

No obstante, la magistrada le recuerda que se trata de hechos "muy graves" que revisten carácter de delito de sedición, penado con hasta diez años de prisión, y que existen elementos que vinculan al jefe policial con la estrategia "de finalidad independentista" del Gobierno catalán.

Laplana, también libre con medidas cautelares

Lamela dejó también en libertad a la intendente de los Mossos Teresa Laplana con comparecencias quincenales, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España, después de que la Fiscalía hubiera pedido para ella prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros.

Laplana declaró por videoconferencia en calidad de investigada por un delito de sedición ya que, en su informe, la Guardia Civil señalaba que desoyó las llamadas de ayuda de los agentes durante el asedio el 20 de septiembre en la Consellería de Economía de la Generalitat durante una operación policial para evitar el 1-O.