El juez belga aplaza la decisión sobre la extradición de Puigdemont al 4 de diciembre

La euroorden contra el president Carles Puigdemont y los cuatro consellers cesados que le acompañan en Bruselas sigue su curso. Así lo ha decidido el juez belga de primera instancia que debe decidir sobre la orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada contra ellos por la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional. Tras la comparecencia de hoy en Bruselas, el juez belga ha aceptado la euroorden de España, aunque la ha modificado. Concretamente, ha eliminado el delito de malversación que se les imputa en España, y ha unificado los delitos de rebelión y sedición. Además, ha citado nuevamente a los acusados el 4 de diciembre, fecha en la que podría emitir un fallo o solicitar información adicional, según ha indicado a la prensa el letrado Christophe Marchand.

"La Fiscalía ha pedido la ejecución de la orden europea salvo para un hecho, que es el de prevaricación tal y como se recoge en el mandato de detención español", ha explicado el letrado, que forma parte del equipo de once abogados de los cinco acusados, al término de la primera audiencia ante la Cámara del Consejo de Bruselas (Tribunal de primera instancia).

El Ministerio Público ha considerado que el resto de delitos por los que España reclama a Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín encajan en el ordenamiento jurídico belga, según ha adelantado la defensa de los requeridos.

Tras una audiencia en la que se han escuchado únicamente los argumentos de la Fiscalía de Bruselas, tanto Puigdemont y sus consellers tendrán que volver al tribunal de primera instancia de Bruselas el próximo 4 de diciembre, cuando será el turno de los alegatos de sus defensas.

La vista se ha celebrado a puerta cerrada en una sala de la Cámara del Consejo de Bruselas (tribunal de primera instancia belga) y los acusados han declarado uno a uno y en compañía de sus abogados y no de forma conjunta. En la sesión ha habido un intérprete español-neerlandés, ya que éste ha sido el idioma elegido por los acusados para la instrucción del caso, en detrimento del francés, la otra lengua oficial en Bruselas.

La sesión ha comenzado en torno a las 14:00 horas y ha durado alrededor de una hora. Los cinco acusados han llegado poco minutos antes de las 14:00 horas al Palacio de Justicia de Bruselas, hora prevista para el inicio de la vista.

La defensa alegará que es un caso político

La defensa de Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín sostendrá ante el juez que "sin duda se trata de un caso político" y que las euroórdenes firmadas por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela están "muy mal formuladas", han explicado a Europa Press fuentes cercanas.

También pondrá en duda que todos los cargos que se les imputa en España -rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación- cumplan con el principio de "doble imposición", según el cual el delito en España tenga una correspondencia en el ordenamiento jurídico belga.

Y cuestionarán que ninguno de ellos "encaje" en la definición de "corrupción" que la juez Lamela marcó en las euroórdenes en el listado de 32 delitos por los que un Estado miembro debe extraditar de forma automática a un reclamado por otro país de la Unión Europea.

Parte del equipo de abogados belga de los cinco, los letrados Michelle Hirsch y Christophe Marchand, adelantaron en declaraciones a los diarios Le Soir y Le Monde que denunciarán ante el juez que Puigdemont y sus exconsejeros son objeto de una petición de entrega "política y abusiva".

La decisión podría retrasarse

Una vez el juez dicte sentencia sobre la entrega o no de los acusados a las autoridades españolas, la Fiscalía bruselense o la defensa de los cinco tendrán 24 horas para presentar recurso y llevar el caso al Tribunal de Apelación.

España no es parte en este proceso, por lo que no podrá instar a la Fiscalía a presentar recurso si la sentencia no le es favorable, aunque el Ministerio Público belga consultaría con las autoridades españolas antes de tomar una decisión.

Tras la sentencia en Apelación las partes aún podrían recurrir a una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español), que no se pronunciaría sobre el fondo de la euroorden, sino sobre la forma del procedimiento.

Las reglas de la orden europea de entrega establecen un plazo máximo de 60 días para decidir sobre la extradición de la persona reclamada por otro Estado miembro, con la posibilidad de una prórroga de 30 días más en casos excepcionales para llegar a un total de 90 días.