La cuenta atrás para las elecciones no ha comenzado, dicen los letrados del Parlament
Los letrados del Parlament han concluido en su informe que el plazo de dos meses para nuevas elecciones aún no ha empezado a correr, al menos hasta la resolución del Tribunal Constitucional sobre la investidura, y dejan en manos del presidente del Parlament activar dicho plazo si se prolongara el bloqueo.
En el informe solo aparece la firma del secretario general del Parlament, Xavier Muro, al haberse apartado de la elaboración del texto el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, por discrepancias internas en los últimos días entre los letrados sobre el contenido que debía incluir el informe.
El documento de los servicios jurídicos considera que el aplazamiento de la sesión de investidura "no se produce como consecuencia de una voluntad deliberada, sino de la decisión de un órgano externo al Parlament", en este caso el TC a instancias del Gobierno español.
Por lo tanto, prosigue, "mientras no recaiga una decisión de la impugnación presentada por el Gobierno, se puede considerar suspendido el plazo de 10 días para la presentación al pleno, al menos hasta la resolución (del TC) que acuerde la admisión o no de la impugnación del Gobierno del Estado".
A su juicio, la decisión del TC "puede afectar a la viabilidad de la candidatura (de Carles Puigdemont) desde el punto de vista jurídico y eso hace necesario esperar para ver su contenido y los términos concretos en que se produce, para valorar los efectos".
Según los letrados, las disposiciones estatutarias y legales no permiten considerar que el hecho de que hayan transcurrido los 10 días para presentar un candidato suponga en consecuencia el inicio del plazo de dos meses para la disolución anticipada del Parlament.
Los letrados dejan en manos de Torrent, por otro lado, activar el reloj de los dos meses en el caso de que se alargara el bloqueo institucional para investir un nuevo presidente.
Una decisión "sin perjuicio de su capacidad para iniciar una nueva ronda de consultas con los grupos políticos para formular nuevas propuestas", subrayan los letrados.
No obstante, también resaltan que en caso de que Torrent no impulsara el acto equivalente a una votación fallida, "sin justificación objetiva y transcurrido un plazo razonable", se podría estudiar la posibilidad de que los grupos parlamentarios impulsaran este acto equivalente mediante los instrumentos correspondientes.
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