Un testigo asegura que Alfredo de Miguel se encargaba de toda la contabilidad

El que fuera administrador de Eskalmelo, una supuesta empresa pantalla utilizada por la presunta trama de cobro de comisiones ilegales liderada por el exdirigente del PNV alavés, Alfredo de Miguel, ha asegurado hoy que éste se encargaba de toda la contabilidad y que él "cuanto menos sepa, mejor".

El administrador de esta sociedad constituida en 2006, Eduardo Pérez, amigo desde los 17 años de De Miguel, ha sido uno de los testigos que hoy han declarado en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Álava contra 26 personas, entre ellas varios ex altos cargos del PNV alavés.

En la sesión de hoy los interrogatorios han estado centrados en una de las operaciones que se investigan en esta causa, un contrato entre la empresa Stoa y el Parque Tecnológico de Álava (PTA).

Según el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, Stoa, de la que era administrador Sergio Fernández Oleaga, logró este contrato gracias la intermediación de De Miguel y abonó por ello una comisión de 3.570 euros a Kataia Consulting, la empresa sobre la que supuestamente pivotaba la trama, a través de Eskalmelo.

Durante su testifical, Pérez ha explicado que acordó constituir en agosto de 2006 esta sociedad con De Miguel para canalizar el uso como huertos solares de unas fincas que él iba a comprar en localidades de la Rioja Alavesa y que el principal imputado en esta causa se encargó desde el primer momento de todo lo vinculado con la contabilidad, incluso de lograr los préstamos para hacer efectiva la compra de esos terrenos.

Ha dicho desconocer los movimientos de las cuentas de la empresa, que no estuvo dada de alta en la Seguridad Social, ni tuvo empleados, a pesar de que el fiscal ha enumerado en la sesión diversas transferencias a Kataia principalmente a lo largo de 2008.

Sin embargo, el testigo sí ha dejado claro que el pago que Stoa hizo por un importe de 3.570 euros a Eskalmelo el 27 de enero 2009 se correspondió con un trabajo de alcantarillado que él hizo para Fernández Oleaga a pesar de que el fiscal mantiene que se trató del pago de la comisión de Fernández Oleaga a De Miguel por la consecución del contrato con el PTA, adjudicado días antes.

De hecho y a preguntas del presidente del tribunal, Jaime Tapia, Pérez ha insistido en que esa factura corresponde a ese trabajo, que se realizó efectivamente, y que se facturó a través de Eskalmelo porque esta sociedad no tenía dinero y De Miguel le pidió hacer aportaciones para poder seguir pagando los préstamos por las fincas.

En la sesión de hoy también ha declarado de nuevo Beatriz Vicinay, la socia de Ainhoa Alberdi, la abogada que con su denuncia en diciembre de 2009 destapó esta presunta trama corrupta.

Vicinay ha ratificado las conclusiones a las que ambas llegaron tras reunirse con Fernández Oleaga para pedirle explicaciones por los problemas surgidos con el contrato entre Stoa y el PTA, y donde la sociedad Alberdi-Vicinay concurrió subcontratada por la empresa del imputado.

Según explicó Alberdi la pasada semana, tras negarse ella a pagar la supuesta comisión que De Miguel le reclamaba por otro contrato con el PTA este ordenó la exclusión de Alberdi-Vicinay del logrado por Stoa.

Vicinay ha explicado que trataron de llegar a un acuerdo con Fernández Oleaga pero que este les fue dando largas.

El juicio por estos hechos continúa mañana con más peritos vinculados con este contrato de Stoa.